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El Tribunal Penal Internacional (TPI) reinicia la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte

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HRW pide al actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., colaborar con la corte

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha reanudado este martes la investigación sobre la guerra contra las drogas bajo la Administración del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por presuntos crímenes contra la humanidad tras rechazar un recurso presentado por Manila.

La medida ha sido anunciada después de que tres de los cinco jueces de la Cámara de Apelaciones del TPI votaran a favor de que la pesquisa vuelva a ponerse en marcha, lo que supone un paso de vital importancia para las víctimas y sus familiares.

El juez que preside la sala, Marc Perrin de Brichambaut, ha confirmado el fallo y ha puntualizado que la apelación del Gobierno filipino no se sostiene y que los jueces no han hallado pruebas suficientes que demuestren los errores planteados por Manila, según informaciones recogidas por el diario ‘The Philippine Star’.

El pasado mes de enero, la corte autorizó la reapertura del caso, que versa sobre la actuación de las fuerzas de seguridad filipinas en el marco de la guerra contra las drogas de Duterte, que se habría saldado con más de 6.000 muertos, según datos de las autoridades.

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Los familiares de las víctimas y varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han aplaudido la decisión del tribunal. Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch (HRW), ha señalado que el fallo “marca el próximo paso hacia la justicia para las víctimas de los asesinatos de la guerra contra las drogas y sus familias”.

“El Gobierno de (Ferdinand) Marcos debe respaldar su compromiso declarado con los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad cumpliendo con su obligación legal internacional de cooperar con la investigación de la corte”, ha dicho antes de instar al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a colaborar con el TPI, según un comunicado de la ONG.

El 26 de enero los jueces del TPI concluyeron que el gobierno filipino no demostró haber tomado medidas suficientes para investigar y enjuiciar los asesinatos durante la Administración del presidente Duterte.


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