MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Más de un centenar de colombianos han sido detenidos en El Salvador al ser acusados de pertenecer a una red de estafadores en la que habrían cometido supuestos delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades salvadoreñas han señalado que los detenidos se hacían pasar por microfinancieras no registradas en el país, en las que ofrecían préstamos cuyos pagos exigían a través de amenazas y extorsiones. Cuando la víctima no podía pagar el préstamo, los ahora arrestados usurpaban su identidad, obtenían sus cuentas bancarias y trasladaban el dinero al extranjero.
“Las primeras investigaciones han permitido, hasta el momento, la detención de 110 personas, la mayoría de ellos colombianos, que estaban ubicados en diferentes colonias de nuestro país”, ha explicado el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, en una rueda de prensa.
Delgado ha afirmado que, según los datos, desde 2021 hasta la fecha “se han hecho remesas hacia Colombia de más de 20 millones de dólares” (cerca de 18 millones de euros), tal y como ha informado el Ministerio Público a través de una serie de publicaciones en su perfil de la red social Twitter.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, ha indicado que han recibido más de 2.700 denuncias de estafas financieras, aunque no ha precisado en qué margen de tiempo se han producido. Las autoridades han ofrecido un período de 72 horas a los colaboradores de esta red para que abandonen el territorio antes de ser procesados.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manifestado que los delincuentes colombianos no deben entrar al país, ya que sus “cárceles les esperan”.
“Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás, algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país”, ha denunciado, al tiempo que ha aseverado que deberán enfrentar la justicia salvadoreña.
Tras ello, Bukele ha indicado que los colombianos que pasen la frontera salvadoreña “para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar” tendrán seguridad jurídica, estabilidad política y seguridad física”.
“Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados ‘gestores de paz’, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan”, ha zanjado.
Bukele, que se presenta a la reelección en las presidenciales de 2024, ha iniciado una política de “guerra” contra las pandillas con un periodo de estado de excepción que le permite suspender ciertas libertades y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías en las calles.
Esta política permite la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones. Mientras que le ha granjeado una popularidad sin precedentes, Naciones Unidas o Human Rights Watch y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos.
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