La ONG pide investigar los abusos policiales durante las protestas
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades kenianas a dejar de calificar de “terroristas” a manifestantes, y han llamado a respetar los Derechos Humanos de reunión y de protesta pacífica.
“Las autoridades de Kenia están obligadas por las leyes de Derechos Humanos nacionales e internacionales para proteger el derecho civil de reunión y de protesta pacífica. La Policía debería adherirse a los principios de necesidad y proporcionalidad en respuesta a cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones”, ha declarado el investigador jefe sobre África de HRW, Otsieno Namwaya.
La principal coalición opositora del país, Azimio, reanudó las protestas callejeras el pasado 7 de julio tras haber sido suspendidas en mayo debido a las conversaciones con el Gobierno, convocadas por el aumento del coste de la vida y el descontento relacionado con las elecciones presidenciales de agosto de 2022.
El líder de Azimio, Raila Odinga, se autoproclamó vencedor de las elecciones a pesar de que la Comisión Independiente Electoral declaró al actual presidente, William Ruto, como ganador, que juró su cargo en septiembre de 2022.
Siguiendo en su línea de protestas contra los resultados electorales, Odinga pidió la publicación de los datos para ser sometidos a una auditoría.
HRW ha denunciado que el pasado 14 de julio, el secretario del gabinete de comercio, Moses Kuria, aseguró que Odinga moriría el próximo 19 de julio durante la reanudación de las manifestaciones y aseguró que no existe el derecho a “disturbios y destrucción de propiedad”.
Además, Ruto declaró un día después que no permitirían a la gente utilizar “ciertas disposiciones de la Constitución para provocar el caos y la anarquía”, y aseguró que “movilizarían todos los recursos disponibles para proteger los intereses y las vidas de cada keniano”.
A pesar de que la ley de Kenia prohíbe a los policías y a otros funcionarios ilegalizar manifestaciones, el inspector general de la Policía, Japhet Koome, así como otros altos cargos del cuerpo, ha calificado de ilegales las protestas y han prometido responder con fuerza a los manifestantes.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, acababan por volverse violentas tras el uso de gas lacrimógeno por parte de la Policía, que incluso llegaró a lanzarlo contra casas, causando así la muerte de niños por asfixia, según la organización.
HRW registró en mayo la muerte de al menos 16 personas durante la represión de las protestas, en las que las fuerzas del orden también han usado munición real y pegado palizas.
Además de no investigar dichos sucesos, miembros de la oposición y de grupos pro Derechos Humanos han denunciado que el Gobierno ha contratado a personas para atacar a manifestantes y destruir sus propiedades; Odinga incluso ha asegurado ser víctima de intentos de asesinato.
Desde el inicio de las protestas, la Policía ha notificado el arresto de más de 300 personas.
“Las autoridades kenianas deben tomar los pasos necesarios para investigar y perseguir a los oficiales implicados en abusos policiales durante las protestas desde marzo (…). El llanto de las víctimas y de las familias de aquellos que han muerto a manos de la Policía durante las protestas no deben ser ignorados”, ha concluido HRW.
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