MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de Irak ha presentado en el Parlamento dos proyectos de ley que, de aprobarse, restringirían gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población iraquí, según advirtieron este martes Amnistía Internacional y la Fundación INSM para los Derechos Digitales en Irak.
Según informó Amnistía Internacional, la nueva presentación de estos proyectos de ley ha coincidido con una avalancha de encausamientos de personas críticas con figuras gubernamentales, así como con una campaña emprendida por el ministro del Interior para reprimir el “contenido indecente” en Internet. Entre enero y junio de este año, las autoridades procesaron al menos a 20 personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Seis de ellas fueron condenadas a penas de prisión, pero ya han sido puestas en libertad.
Por ello, el responsable regional de campañas de Amnistía Internacional para Irak y Yemen, Bissan Fakih, aseguró que “el último intento de las autoridades iraquíes de reprimir la libertad de expresión revela su flagrante desprecio por los extraordinarios sacrificios realizados por la población iraquí durante el levantamiento de 2019 para garantizar sus libertades. El gobierno iraquí debe retirar inmediatamente estos proyectos de ley represivos y el Parlamento no debe aprobar ninguna ley que restrinja indebidamente los derechos humanos en Irak”.
A esto añadió que “la población iraquí tiene derecho a criticar a sus dirigentes y figuras religiosas, y a protestar pacíficamente sin temor a ser encarcelada o a que le impongan fuertes multas. Estos derechos son especialmente importantes en un momento en el que la población intenta que sus representantes gubernamentales rindan cuentas por las denuncias de corrupción sistémica y violaciones de derechos humanos”.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De hecho, el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Reunión Pacífica da a las autoridades iraquíes la cobertura de una ley aprobada democráticamente para enjuiciar arbitrariamente a cualquier persona que atente contra “la moral pública” o “el orden público”, aseguraron desde Amnistía Internacional.
A esto agregaron que, en virtud del proyecto de Ley sobre Ciberdelitos, quienes publiquen en Internet contenidos que se considere que atentan contra los “intereses económicos, políticos, militares o de seguridad supremos del país”, definidos de forma imprecisa, podrían ser condenados a cadena perpetua y a una multa de hasta 50 millones de dinares iraquíes (unos 38.000 dólares estadounidenses).
En reuniones con Amnistía Internacional en Bagdad en mayo, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas se mostraron alarmados ante la posibilidad de que los proyectos de ley facultaran a las autoridades para reprimir aún más la disidencia pacífica. Las reformas propuestas causan honda preocupación debido a la reciente oleada de procesamientos por delitos contra la libertad de expresión.
De hecho, el periodista Haidar al Hamdani está siendo juzgado en virtud de una querella por difamación presentada contra él por el gobernador de Basora, a quien Al Hamdani había acusado de corrupción en un vídeo publicado en Facebook, donde tiene más de un millón de seguidores.
CASOS PROCESADOS
Asimismo, un cómico iraquí procesado por un tribunal iraquí durante la campaña contra el “contenido indecente” contó a Amnistía Internacional: “Ya no puedo burlarme de un partido, ni del Estado, ni de un personaje público… ni del estado de las carreteras, el agua, las escuelas o los puentes. ¿Por qué? Porque todo pertenece a los partidos [políticos]”.
El 9 de mayo de 2023, el Parlamento realizó la segunda lectura del proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Reunión. De hecho, los legisladores están debatiendo en privado las enmiendas a ambos proyectos de ley.
A este respecto, el director ejecutivo de INSM, Hayder Hamzoz, afirmó que “es inaceptable que en Irak se sufra aún una falta de acceso a la información sobre los proyectos de ley que examina el Parlamento. El acceso a la información es un derecho humano intrínseco y es una de las claves del Estado de Derecho para empoderar a la ciudadanía y permitirle participar de manera efectiva en la vida política y en la lucha contra la corrupción”.
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