MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, reivindicó el derecho del colectivo a participar en igualdad de condiciones en todos los comicios, como personas electoras y elegibles, porque “queremos estar en la fiesta de la democracia”.
Así lo apuntó en una entrevista a Servimedia, donde destacó “el gran avance” que a nivel de derechos supuso la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), por la que en diciembre de 2018 más de 100.000 personas con discapacidad, que habían sido incapacitadas judicialmente, recuperaron su derecho al voto.
Con todo, Martín Blanco comentó que “aún queda por hacer” en este terreno. “Hemos superado las barreras de derecho y ahora ya se nos reconoce como personas electoras”, apuntó, resaltando que a pesar de ello “todavía quedan barreras de hecho”.
“Plena igualdad significa que las personas con discapacidad podamos ir a un colegio electoral y no nos tengan que sacar la urna a la puerta, que los kit braille lleguen a los domicilios de las personas ciegas que así lo soliciten, que los programas electorales sean accesibles para quienes tienen discapacidad cognitiva…”, detalló.
El director general lamentó además que la Junta Electoral Central mantenga, “a pesar de una petición formal del Consejo Nacional de la Discapacidad”, una instrucción referida a personas con discapacidad de tipo intelectual que “conduce a estigmatizaciones y a señalamientos”.
A su juicio, “esto es también capacitismo” y es que “tenemos que hacer todavía mucha pedagogía con un derecho que muchas personas con discapacidad han estrenado apenas hace cuatro años”.
De hecho, aseguró que su Dirección General está haciendo “un trabajo importante con el Ministerio del Interior para que todos los comicios que vamos a tener este año ofrezcan las garantías necesarias, a fin de que las personas con discapacidad contemos en la democracia”.
Martín Blanco avanzó, además, que “el derecho al voto será uno de los asuntos clave para la Presidencia Española de la Unión Europea”. “Queremos que Europa siga el modelo de España y elimine los vetos capacitistas que aún existen en algunos Estados miembros, para que el sufragio pueda ser ejercido por todas las personas sin excepciones”, apuntó.
Otro terreno donde, en su opinión, también hay camino que recorrer tiene que ver con la representación política del colectivo. “Las personas con discapacidad debemos tomar los espacios públicos y de decisión”. Por eso, defendió que “las formaciones políticas y, sobre todo los parlamentos y los plenos municipales, reflejen la sociedad a la que representan”. “Queremos ser invitados de honor (no de piedra) en la fiesta de la democracia”, destacó.
AGENDA FEMINISTA
Para Martín Blanco, el futuro de las políticas de discapacidad pasa por reforzar su enfoque de género. “Honestamente, creo que ya toca que sea una mujer con discapacidad la que lidere la acción del Gobierno de España” en esta materia, declaró.
Señaló como prioridades la puesta en marcha de un Plan para la protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y la realización de una macroencuesta específica sobre violencias hacia las mujeres y niñas (medida ya recogida en la Estrategia contra las Violencias Machistas).
También pidió “dar continuidad a lo avanzado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuanto a desinstitucionalización”, pues “no se sostiene tener a seres humanos apartados de la vida en la comunidad, sin poder decir dónde y cómo quieren vivir”.
OTROS RETOS
Según Martín Blanco, España se encuentra en un nivel alto en cuanto al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (al 83% de las observaciones que propuso la ONU en 2019).
La inclusión educativa y la dotación presupuestaria para políticas concretas representan, a su juicio, los puntos de mejora más evidentes.
“Debemos abordar de una vez por todas la transformación de nuestro sistema educativo en clave de inclusión”, defendió. Además, propuso “mirar a Portugal para que nuestras escuelas acojan a todas las niñas y niños sobre la base de la presencia, el progreso y la participación”.
Indicó asimismo que “contamos con un corpus vigoroso en materia de accesibilidad universal, pero sigue habiendo un déficit presupuestario para acometer las intervenciones que exigen las normas”.
“Urge la aprobación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal que permita contar con un colchón dinerario para sufragar estas reformas”, demandó. “Ya hemos preparado la base legal para que en la siguiente legislatura pueda acometerse la aprobación de este fondo de manera ágil”, aseveró.
Para Martín Blanco, otro “debe” democrático es la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de liberar a más de 100.000 compatriotas” que viven encerrados en sus propias casas por falta de ascensores. “Destinamos 50 millones de euros a mitigar esta situación, pero se precisa de valentía para dar una respuesta definitiva a una situación que precariza el derecho a la vivienda”, denunció.
“Por eso, es una de las medidas que hemos incluido en la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad”. Agregó que España está “en deuda con las familias porque siguen siendo ellas las que llevan el peso de los cuidados” y de ahí la urgencia de la aprobación de la Ley de Familias “para compensar ese sobreesfuerzo económico y de conciliación que tantas veces soportan”.
MÁS POLÍTICAS Y DERECHOS
No obstante, Martín Blanco consideró que esta legislatura “arroja un saldo positivo” en cuanto a promoción e inclusión de las personas con discapacidad, “precisamente porque hemos puesto en marcha políticas públicas solventes” como el Plan Nacional de Promoción de la Salud, con una dotación cercana a los 140 millones de euros; el impulso de dos nuevas instancias públicas para acelerar la plena ciudadanía –el Centro Español de Autismo y el de Accesibilidad Cognitiva–; la regulación estatal de la asistencia personal; una hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España, sobre la base de lo púbico, la universalidad, la gratuidad y la equidad, y la aprobación de la Estrategia Nacional de discapacidad, entre otras.
En su opinión, “a día de hoy tenemos más y mejores derechos”. “Es decir, más leyes que velan por nuestra igualdad, integridad e inclusión”.
“España ha prohibido las esterilizaciones forzosas y las ha considerado violencia contra las mujeres; hemos cambiado la legislación civil para que nadie sea dueño de nuestra voluntad; contamos con un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad sobre la base de los derechos humanos y la accesibilidad cognitiva tiene nombre propio en la Ley. En definitiva, un total de casi 200 nuevas normas que contemplan nuestra realidad, a fin de que en caso de incumplimiento podamos ir a la Justicia a buscar reparación”, recalcó Martín Blanco.
Subrayó además que “esta labor nunca habría sido posible sin los funcionarios y funcionarias que, desde un espacio discreto, se dejan la piel como verdaderos activistas y ponen todo su talento para que España sea también un país para las personas con discapacidad”.
“Por supuesto, tampoco habríamos llegado hasta aquí sin el movimiento social de la discapacidad organizado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)”, reconoció, “que cada día me pone retos de mejora colectiva”.
“La sociedad civil de la discapacidad atesora el conocimiento, la experiencia y también vive la discriminación en la carne propia de sus bases asociativas. Debemos contar con ellos siempre si queremos acertar”, puntualizó.
Destacó también “el compromiso del conjunto del Gobierno” con la discapacidad, con leyes como la de cooperación al desarrollo, la del consumidor vulnerable o la de universidades y de todas las administraciones autonómicas, “que en una legislatura tan polarizada han arrimado el hombro”.
CAMBIO EN LA CONSTITUCIÓN
Por último, Martín Blanco lamentó que el proyecto del Gobierno para reformar el artículo 49 de la Constitución en lo referente a las personas con discapacidad no saliera adelante por falta de apoyo parlamentario.
“Estamos hablando de la primera reforma social de la Constitución española para borrar de nuestra Ley Suprema la palabra ‘disminuidos'”, explicó, “un término que nos duele y nos castiga”. A su juicio, el nuevo artículo 49 de la Carta Magna “debe reconocer el papel de las mujeres y niñas con discapacidad y adaptar su redacción a un enfoque de derechos humanos”.
Tal era el texto que propuso el Gobierno en respuesta a la demanda histórica de Cermi que, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, no contó en esta legislatura con el apoyo del Partido Popular en la votación de su admisión a trámite. Sí superó este paso, pero precisaba el respaldo de las tres quintas partes de las Cámaras de cara a su aprobación definitiva, un consenso que no logró cosechar.
“Ya no se admiten más aplazamientos ni equidistancias como las que hemos visto en esta legislatura”, declaró el director general. En su opinión, apoyar esta demanda “es la mejor forma de decir si se está o no con la discapacidad”, concluyó.
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