El Gobierno senegalés denuncia las acusaciones vertidas en un informe del letrado por presuntos crímenes de lesa humanidad
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Senegal han abierto una investigación judicial y emitido una orden de arresto contra el abogado del líder opositor Ousmane Sonko, el letrado Juan Branco, que el mes pasado acusó al Gobierno del país africano de la comisión de crímenes de lesa humanidad durante su violentísima represión de las protestas por la liberación del disidente detenido.
El origen de la orden de arresto es un escrito presentado a finales del mes pasado por el abogado francés ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para pedir una investigación preliminar de los dos últimos años de violencia política en el país.
Acompañado de imágenes enormemente gráficas de presuntos manifestantes mutilados en rostro y cuerpo por la violencia de la Policía y bandas asociadas, el informe de Branco detalla estos crímenes como “parte de un ataque generalizado cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, por parte de las fuerzas de seguridad del presidente, Macky Sall.
La tensión en el país alcanzó un repunte a principios del mes pasado, con la muerte de más de 15 personas tras una condena de dos años de cárcel a Sonko por “corrupción de la juventud” en el marco de un proceso por presunta violación y amenazas de muerte, cargos que fueron finalmente desestimados.
Ahora, y tras “revisar la recopilación de declaraciones, escritos y publicaciones a través de todos los medios de comunicación del señor Juan Branco”, las autoridades senegalesas dicen haber identificado “elementos que, claramente, son susceptibles de comprometer su responsabilidad penal”, según un comunicado recogido por el portal de noticias senegalés Senego.
Asimismo, el Ministerio Fiscal ha decidido abrir investigación judicial contra el citado por varios hechos calificados como delitos y faltas. Por lo tanto, “se ha solicitado una orden de captura internacional en su contra”, añade la nota.
La oposición ha denunciado en varias ocasiones que toda esta violencia formaba parte de un plan orquestado por Sall para consolidar su control sobre el país con vistas a su posible candidatura a un polémico tercer mandato no contemplado por la Constitución. Sin embargo, Sall acabó renunciando públicamente a esa posibilidad.
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