BERLÍN, 14 (DPA/EP)
La ministra de Familia de Rumanía, Gabriela Firea, ha seguido este viernes los pasos del ministro de Trabajo, Marius Budai, y ha presentado su dimisión al cargo tras una serie de denuncias de malos tratos a ancianos en residencias privadas.
El caso ha despertado la indignación entre la población rumana por lo que ambos ministros han presentado su dimisión a instancias del primer ministro, Marcel Ciolacu. El jefe de Gobierno y los dos ministros pertenecen al Partido Socialdemócrata de Rumanía (PSD).
En concreto, la ministra Firea se ha visto especialmente en el foco de las críticas porque el administrador de la residencia del barrio de Voluntari, en la capital, Bucarest, fue antiguo empleado suyo.
Además, el marido de la ministra de Familia es el actual alcalde de Voluntari y se le acusa de haber encubierto al administrador de las residencias, actualmente en prisión, según informaciones de la prensa local de Rumanía. Firea, por su parte, niega las acusaciones.
La Fiscalía de Rumanía investiga lo ocurrido desde hace más de una semana, si bien a Firea no es objeto de pesquisas penales pues, a diferencia de la cartera de Trabajo, su Ministerio no ejercía ninguna función de supervisión sobre las residencias.
Tras una redada en varias residencias, cerca de un centenar de ancianos tuvieron que ser trasladados a hospitales. Según la Fiscalía, los ancianos habrían recibido un trato “inhumano e indigno”, llegando incluso a privárseles de comida.
Los expertos forenses examinan ahora si también fueron golpeados y si se les administraron dosis excesivas de sedantes. Los investigadores afirman que el propietario de las residencias explotaba a los residentes para su propio enriquecimiento.
Rumanía tiene una población envejecida, razón por la que el negocio de las residencias está en auge. A raíz del escándalo en Voluntari, el Gobierno ha puesto en marcha una inspección a nivel nacional y ha comprobado que hay decenas de residencias ilegales.
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