SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)
Una docena de activistas de Ecoloxistas en Acción han paralizado en la mañana de este jueves las obras de instalación de tubos con los que “la filial de la empresa australiana Pivotal Metals pretender verter casi 1.000 millones de litros anuales de drenajes” de la mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, “con altas concentraciones de metales pesados”.
En un comunicado, informan de que estos vertidos “podrían comenzar el día 12 de agosto después de que Augas de Galicia extendiera el plazo para finalizar las infraestructuras de la mina”.
Los activistas se han colocado antes las excavadoras y máquinas, al tiempo que otro grupo disfrazado con calaveras jugaba al ‘MINApoly’ en una mesa.
Denuncian que “los vertidos están siendo ejecutados como parte de una obra pública contratada por la Consellería de Medio Rural para el asfaltado de una carretera local”, lo que la organización ecologista considera “indiciario de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación”. Por ello, esta semana han interpuesto denuncia penal en los juzgados de Santiago contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural, Inés Santé.
Sobre esta denuncia contra la directora xeral de Desenvolvemento Rural ha sido preguntado por los medios –en rueda de prensa tras el Consello de este jueves– el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha dicho desconocer este extremo.
Ecoloxistas en Acción apunta que esta es la quinta causa penal abierta en relación a la mina de San Finx, junto a las diligencias con el ex director xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces –que deberá declarar en Santiago junto con otros funcionarios investigados–, así como contra altos cargos de Augas de Galicia y contra la propia empresa minera y sus administradores. En paralelo, cofradías y municipios iniciarion contenciosos para suspender cautelarmente la actividad.
Unas 300 personas se movilizaron el pasado sábado en la propia mina de San Finx en defensa de la ría de Muros y Noia y “contra los vertidos que amenazan al sector del mar por su impacto catastrófico”.
“La operación de las minas de San Finx fue autorizada ilegamente en 2009 con un proyecto no sometido a evaluación de impacto ambiental y sin participación pública. A pesar de que la propia Xunta reconoció recientemente la situación ilegal de la mina, Augas de Galicia le otorgó este año una autorización de vertido después de más de siete años de tramitación totalmente irregular. La mina está a apenas 7 kilómetros de la ría de Muros y Noia y el inicio de los vertidos compromete la integridad de los bancos de marisqueo de los que dependen más de 10.000 empleos directos e indirectos”, remarcan los ecologistas.
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