La instructora también escuchará a un investigado que habría recibido dinero de Navarro Tacoronte
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La juez que indaga en la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de favores políticos del ‘caso Mediador’ retomará este jueves las declaraciones de imputados y testigos, entre los que destacan –como investigados por revelación de secretos y prevaricación– el actual viceconsejero de Sector Primario del Gobierno canario, Álvaro de la Bárcena, y la jefa de servicios de este departamento, Estefanía González.
Ambos estaban citados para el pasado 29 de junio, pero tras varios cambios en las declaraciones fijadas finalmente será el 13 de julio cuando deban comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Ese mismo día, la instructora ha citado a los también imputados Rubén Fuentes y Plácido Alonso Peña –exabogado de Antonio Navarro–, mientras que el 19 de julio interrogará como testigo a la interventora general del Gobierno de Canarias, Natalia Elisa de Luis Yanes.
Según el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, Fuentes habría recibido dinero en una cuenta que le habría sido facilitada por el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el ‘mediador’; mientras que Alonso Peña sería un abogado implicado en la trama.
De esta forma, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres da un nuevo impulso a la investigación después de que el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, y su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez se acogieran a su derecho a no declarar a finales de junio.
LA INVESTIGACIÓN
Las declaraciones de esta semana son el último movimiento del ‘caso Mediador’, donde se investiga la existencia de una presunta trama liderada por los Fuentes, Navarro Tacoronte y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa que se habría encargado de captar empresarios prometiendo favores políticos a cambio de dinero.
De acuerdo con la investigación judicial, era una organización criminal “formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados”, que contarían con “una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias”.
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