Advierten de que “la convicción” de los trabajadores “es muy fuerte” y que su “determinación sigue en pie”
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Decenas de funcionarios de la administración de Justicia se han concentrado este martes ante el Palacio de la Moncloa, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros, para exigir al Gobierno que se siente a negociar, entre otras cuestiones, una subida salarial de hasta 430 euros mensuales.
Al grito de ‘Sánchez traidor, Justicia solución’ o ‘Lo han intentado, y no nos han callado’, los sindicatos CSIF, STAJ y CCOO han advertido al Ejecutivo de que “la convicción” de los funcionarios “es muy fuerte” y que “la determinación de los 45.000” trabajadores “sigue en pie”.
“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”, ha asegurado el presidente del sector Justicia de CSIF, Javier Jordán, en declaraciones a los medios durante la protesta que se ha celebrado en el parking de la Moncloa situado en la facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense.
En este contexto, Jordán ha avisado de que “una cosa es aplazar la huelga y otra que el conflicto haya desaparecido”. “Vive y va a seguir vivo hasta que no haya un Gobierno responsable. Mientras no haya negociación el conflicto va a permanecer vivo e iremos hasta donde haga falta”, ha apuntado.
Así las cosas, Jordán ha criticado que “un Gobierno que se dice progresista, socialista y que tiene la o de obrero” en las siglas de su partido se esconda cuando “tiene que sentarse”.
Por su parte, el secretario general de STAJ, Vicente Navarro, ha sostenido que los funcionarios tienen “más funciones” de las que les correspondería, asumiendo responsabilidades que no son suyas. “Me río, y mienten los políticos que dicen que la Justicia hay que abordarla. 40 años con la misma cantinela”, ha añadido.
En esta línea, ha cargado contra el Ejecutivo por haberse “cargado la administración de Justicia, que no deja de ser un servicio esencial”. “Esto es una película de buenos y malos”, ha aseverado, criticando la “frivolidad” del Gobierno.
Por último, el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Luis Calero, ha exigido un “trato igual” que el dispensado a los jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)”en el tema retributivo”.
“No tenemos por qué soportar el trabajo por el que cobran otros colectivos”, ha manifestado, explicando que el Ministerio de Pilar Llop “ha provocado lo nunca sucedido”.
“Hasta ahora el sector justicia era un sector abandonado. Ahora han dado una vuelta más y han terminado de destrozar lo que no funcionaba. Los asuntos están atrasados, abandonados, y no se va a poner al orden en muchos años”, ha afirmado.
Así, Calero ha avisado de que aunque al Gobierno “le quede poco tiempo” todavía puede “solucionar este conflicto”. “De no ser así, va a continuar. El Gobierno que salga tiene el conflicto sobre la mesa”, ha zanjado.
Cabe recordar que, cuando los sindicatos anunciaron la suspensión de la huelga indefinida el pasado 4 de julio, avisaron de que eso no implicaba el final del conflicto laboral. Entonces, convocaron dos jornadas de huelga general, la de este martes y otra el día 20, con un acto de protesta coincidiendo con la inauguración de la Presidencia española de la UE en materia de Justicia.
CASI TRES MESES DE HUELGA
La huelga de los funcionarios de justicia comenzó el 17 de abril con paros parciales cada día y alguno de jornada completa, que se tradujeron también en concentraciones a las puertas de juzgados y tribunales, y se recrudeció el 22 de mayo con una huelga total.
El detonante fue el acuerdo alcanzado el 28 de marzo por Justicia y Hacienda con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras dos meses de huelga, que contempla aumento salarial de hasta 450 euros mensuales.
Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea, sin necesidad de que los togados fueran a la huelga, aunque sí amenazaron con hacerlo.
En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ (unos 4.000 efectivos) representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales (unos 8.000) ascendió a 46,7 millones de euros. Ahora, los funcionarios reclaman 200 millones de euros para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.
“No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de ‘ellos’, también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna”, reivindicó el comité de huelga en su último comunicado.
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