MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros autorizó este martes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar tres contratos de servicios para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de las carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado, por un valor estimado de 414,7 millones de euros.
Según el Ministerio, estos contratos afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid.
El objetivo principal de estos tres contratos, divididos en 25 lotes, con un plazo inicial de tres años y una prórroga adicional de otros dos, es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de las carreteras convencionales. No obstante, también se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas, siempre y cuando se justifique adecuadamente.
Transportes subrayó la introducción de una nueva fórmula de contratación “más eficiente que va a permitir alcanzar un nivel de conservación que garantice una conducción segura y sostenible”. Este modelo, ya implementado en otras administraciones, supone “una nueva concepción de este tipo de actuaciones que pasan a entenderse como un servicio y no como una obra tradicional”.
Así, se potenciarán buenas prácticas medioambientales a implantar por parte de los adjudicatarios, como “el cálculo de la huella de carbono, la recogida selectiva de los residuos, el uso de pinturas libres de plomo y el control del consumo energético, agua y combustibles; contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de la RCE, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo el medio ambiente”.
Según el Ministerio, las principales ventajas de este tipo de contratos son la “mayor eficiencia en las actuaciones en los firmes de la RCE, agilizando los trámites administrativos”, la “mayor flexibilidad, lo que permitirá la adaptación de las actuaciones a las necesidades de cada momento y situación, posibilitando la inmediatez de los trabajos” y el “aprovechamiento por parte de las empresas de las ventajas de las economías de escala, con el consiguiente ahorro de costes”.
El departamento de Raquel Sánchez indicó que este modelo de contratación exige “un conocimiento exhaustivo del estado de las carreteras y de sus necesidades de mejora”. Así, apuntó que será posible ‘monitorizar’ las carreteras y priorizar las actuaciones de acuerdo a las necesidades de cada momento. Con ello, señaló que se potencia el mantenimiento ‘preventivo’ frente al tradicional mantenimiento ‘correctivo’.
En el marco de los tres contratos autorizados se ejecutarán trabajos de fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, así como el repintado de marcas viales y la impermeabilización de estructuras, en caso de ser necesario.
Se ha previsto la mejora de un total de 1.515,6 km de calzada. No obstante, la programación concreta de las actuaciones será presentada cada año por el contratista de cada lote y será aprobada por el director del contrato.
Esta programación será acorde al presupuesto asignado y podrá verse modificada por circunstancias que determinen la necesidad de incluir actuaciones en firmes cuyo estado pudiera entrañar un peligro para la seguridad vial o requiriese de una actuación inmediata, debido a un deterioro del pavimento superior a lo previsto.
157 MILLONES PARA AUTOPISTAS DE PEAJE
Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó a licitar, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), un contrato de conservación y explotación para los 700 kilómetros de nueve autopistas de peaje, incluyendo novedades en los pliegos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, por 157,5 millones de euros.
El contrato incluye la totalidad de las autopistas y tramos libres gestionadas por Seitt en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, Almería, Toledo y Guadalajara. Incluye las vías M-12, R-2, R-3, R-4, R-5, AP-36, AP-41, AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena-Vera.
El contrato de conservación y explotación tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses, más una prórroga adicional de nueve meses.
Las actuaciones consisten en la conservación, mantenimiento y fortalecimiento de la vialidad, el mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipos, la vigilancia y atención de accidentes, el servicio de control de túneles y comunicaciones, además de determinados contratos específicos de rehabilitación y mejora de firmes y señalización y obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en las carreteras.
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