Maroto prevé un “limbo jurídico entre la aprobación de las normas en el Ayuntamiento y la necesaria aprobación en la Comunidad”
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha adelantado a 24 horas de la comisión extraordinaria de Urbanismo que su grupo votará ‘no’ a la modificación de las normas urbanísticas porque “llegan tarde y sin consenso”, priman el interés privado y dejarán en el limbo a las cocinas industriales después de que la moratoria expire el próximo agosto.
La modificación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, que pretende regular las cocinas industriales y afectará a los pisos turísticos, dará su penúltimo paso este miércoles al pasar por una comisión extraordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, requisito previo al Pleno que llegará el lunes y donde más que previsiblemente quedará aprobada dada la mayoría absoluta del PP.
El mandato pasado acabó sin que los números le dieran al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por el rechazo de la oposición a la propuesta encima de la mesa. El PSOE ha vuelto a dar su ‘no’ porque, entre otras razones explicadas por Maroto en rueda de prensa, el gobierno de Almeida plantea sólo “un parche” y no se adentra en la necesaria redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), instrumento “obsoleto” al haberse aprobado en 1997 y “que no responde al Madrid del siglo XXI”.
Respaldada por los concejales Antonio Giraldo y Pedro Barrero, Maroto ha indicado que no se han tenido en cuenta “más del 80 por ciento de las alegaciones” presentadas por los grupos políticos y las organizaciones sociales y económicas. El PSOE ha recordado que ahora no se ha abierto un nuevo periodo de alegaciones sino que se llevan a comisión por tercera vez.
“La modificación de las normas urbanísticas carece de ambición porque no revisa el modelo territorial urbano ni aborda la emergencia climática. Tampoco resuelve el problema de las cocinas fantama porque no se fijan distancias mínimas ni se regulan los aparcamientos de los repartidores y la carga y descarga”, ha indicado la portavoz socialista.
Reyes Maroto ha acusado a Almeida de “imponer un modelo urbanístico sin ambición ni consenso que sólo favorece a los especuladores y al interés privado”, una crítica que ha enmarcado en lo que viene sucediendo en los últimos días con “el escándalo del exdelegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes” y que demuestra que el Gobierno del PP “trabaja de cara a las promotoras privadas”.
Tampoco se enfrenta a “retos como la emergencia climática o la desigualdad social” y se ha presentado “con prisas y sin consenso político ni ciudadano”. Lo que plantea el gobierno de Almeida, en palabras de Maroto, es “dar carpetazo” a la modificación de las normas urbanísticas cuando “no ofrecen soluciones a una ciudad moderna ni garantiza la seguridad jurídica”.
LAS COCINAS, EN EL “LIMBO JURÍDICO”
La portavoz socialista ha remarcado la situación en la que quedarán las cocinas fantasma tras la aprobación de las normas urbanísticas, en el “limbo jurídico”. La edil ha confirmado el diagnóstico planteado por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en el sentido de que la modificación de las normas urbanísticas que prepara el Ayuntamiento no llegará a tiempo.
El próximo 5 de agosto finaliza la moratoria de licencias del Ayuntamiento de Madrid, una medida que no se puede prorrogar, por lo que a partir de ese día se podrán instalar cocinas industriales “en cualquier lugar de la ciudad”, explicaba la Federación. De hecho, el Consistorio está obligado a esperar cinco años para volver a aplicar una moratoria semejante.
Aunque el Consistorio apruebe antes de esa fecha su proyecto de modificación de las normas urbanísticas del PGOU, “la Comunidad de Madrid tiene que dar después su visto bueno y esto suele demorarse muchos meses o incluso más de un año”, advertía la FRAVM.
Reyes Maroto ha confirmado que, pese a la modificación de las normas, quedará el trámite de aprobación de la nueva normativa por parte de la Comunidad, lo que se traduce en “inseguridad jurídica cuando finalice la moratoria y abierta a que nuevas cocinas se puedan ubicar en la ciudad”.
A lo que ha sumado que el PSOE proponía la prohibición de cocinas en zonas residenciales “pero no se ponen límites a las autorizadas, a pesar de la demanda ciudadana” y de este grupo político. Maroto ya prevé un “limbo jurídico entre la aprobación de las normas en el Ayuntamiento y la necesaria aprobación en la Comunidad”. El PSOE también teme “las prisas que le entrarán a algunas empresas por obtener licencias”.
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