En un contexto de escasez de reservas hídricas apuesta por el desarrollo de recursos no convencionales como la desalación y la reutilización
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Foro de la Economía del Agua ha reclamado que la regulación, las inversiones y los nuevos usos del agua formen parte de la agenda del gobierno que se conforme tras las elecciones generales del 23 de julio.
Durante su intervención en la jornada ‘Agua, agricultura y sostenibilidad’, organizada por la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo y la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), el presidente del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, ha reivindicado “la urgente necesidad de acometer inversiones para renovar las infraestructuras hídricas”.
Además, ha abogado por la digitalización para tener un control mucho más exhaustivo de las fugas y pérdidas de agua”, como, según ha indicado, reclama el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, en línea con lo establecido en la Directiva Europea relativa a la Calidad de las Aguas destinadas al consumo humano.
El presidente ha puesto sobre la mesa estas peticiones a la vista de las cifras de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), que revelan que el 26% de las tuberías de abastecimiento tienen más de cuarenta años, un porcentaje que sube al 44% en el caso de las infraestructuras de saneamiento, lo que causa que más de una cuarta parte del agua distribuida por la red nunca acabe llegando a los usuarios.
UN REGULADOR ÚNICO E INDEPENDIENTE
En su intervención, Lombardo ha abogado por crear un regulador único e independiente que fije las condiciones mínimas que ha de cumplir el servicio y que contribuya a dar respuesta a algunos de los retos que se plantean en el sector, como la adecuación normativa de la regulación que llega desde la Unión Europea (UE), los nuevos usos del agua o la determinación de las inversiones estratégicas y cronogramas de ejecución.
El presidente se ha referido al compromiso del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de destinar 40.000 millones de euros a infraestructuras hídricas. A este respecto, ha señalado que “el déficit inversor en el sector del agua se prolonga ya desde hace más de una década” pese a las reivindicaciones del sector o las sanciones europeas.
A su juicio, es “urgente” que el agua ocupe un “lugar prioritario” en la agenda política, ya que a pesar de que la Directiva Marco del Agua del año 2000 establecía el principio de recuperación de costes, España lleva “más de veinte años sin repercutir adecuadamente los costes que supone la prestación del servicio”.
REUTILIZACIÓN Y DESALACIÓN
En un escenario en el que las reservas hídricas se sitúan al 46,5% de su capacidad total, para el Foro la seguridad hídrica se erige como un “reto de primera magnitud que exige de una decidida apuesta por el desarrollo de recursos no convencionales”, como la desalación y la reutilización.
España es actualmente el quinto país a nivel mundial y el primero de la Unión Europea en capacidad de reutilización, pero según datos de la reciente publicación del Foro de la Economía del Agua “La Economía Circular y el sector del agua en España: análisis jurídico-económico”, el porcentaje de agua que se reutiliza en España se cifra entre el 7 y el 13% del total del agua residual.
Además, según ha señalado Lombardo, “mientras que en las islas o en regiones del litoral mediterráneo, como Murcia o la Comunidad Valenciana, los porcentajes son muy elevados, en el resto de la península queda mucho trabajo por hacer”.
“La regeneración de aguas es una solución sostenible para la gestión eficiente del recurso, con beneficios tanto económicos como ambientales y sociales”, ha señalado Lombardo, para resaltar que el reto no está solo en la cantidad de agua regenerada que es posible producir, sino en el reto normativo que está directamente relacionado con los usos que se pueden dar a esa agua regenerada.
Como aspecto positivo, Lombardo ha destacado la concienciación generalizada que tiene España respecto a la importancia de transitar hacia un modelo de economía circular. A su juicio, en los últimos años, ha surgido “un ciudadano mucho más concienciado, participativo y exigente en torno a compromisos medioambientales” como se ve en la Ley de Economía Circular de Andalucía.
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