Considera que la figura del empresario debe ser “respetada y protegida”, tras los “ataques” sufridos recientemente
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Círculo de Empresarios ha propuesto a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio el retraso voluntario de la edad de jubilación, acompañado de un sistema de incentivo, y la eliminación de los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas y del tributo sobre el patrimonio.
El Círculo de Empresarios ha lanzado este miércoles su ‘Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes’ en la que propone a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio, aquellas acciones y reformas que, a su juicio, deberían acometerse de forma urgente en el transcurso de la próxima legislatura.
En cuanto a la reciente reforma del sistema de pensiones dice que “no asegura su viabilidad, solo retrasa el problema, es profundamente insolidaria y exigirá un gran sacrificio a los ciudadanos en activo”. Por ello insiste en un retraso voluntario de la edad de jubilación acompañado de un sistema de incentivos y en promover el ahorro privado y la inversión.
La propuesta del Círculo de Empresarios pasaría por alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años. “Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo”, ha explicado en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.
APOYO AL MODELO DE ‘MOCHILA AUSTRIACA’
De la última reforma laboral, el Círculo de Empresarios ha señalado que “lejos de solucionar los problemas ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad”.
Por ello, los empresarios piden una reforma “valiente, consensuada con los agentes sociales”, que dote al sistema de mayor flexibilidad, y acerque la normativa española a la de los países del entorno y a las nuevas realidades económicas y laborales.
Esto pasaría, según la organización por revisar los costes de indemnización acercándolos a la media europea, subiéndolos para los contratos temporales y bajándolos para los indefinidos para favorecer la contratación estable. También han abogado por crear una cuenta de ahorro individual bajo el modelo de la “mochila austriaca” que recibiría aportaciones periódicas a cargo de la actual cotización que recibe la Seguridad Social en concepto de desempleo.
SITUAR EL GASTO PÚBLICO EN EL 40% DEL PIB
En materia fiscal, el Círculo de Empresarios considera que se debe incentivar la inversión y el ahorro y cree que las nuevas figuras impositivas deben consensuarse y armonizarse con Europa para evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases imponibles.
“Es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal; la recaudación en España está por debajo de la media de la UE, a pesar de tener tipos impositivos superiores, por causa de la elevada tasa de paro, el tamaño de la economía sumergida y un complejo diseño del IVA”, ha recalcado la organización.
Por ello, la organización ha propuesto reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y simplificar el diseño del IVA reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva.
Ha instado, además, a que la política fiscal sea prudente, rigurosa, efectiva y eficiente para impulsar un crecimiento estable. “No podemos gastar sin medida en políticas ideológicas, electoralistas o de dudosa eficacia, pues estamos perjudicando la capacidad de financiación de nuestro Estado de Bienestar y trasladando el gasto actual a las generaciones futuras”, ha recalcado el presidente de la organización.
En este sentido, señalan que el Estado tiene que aceptar que la capacidad de recaudación de la economía española es limitada, y que el peso del gasto público debe situarse en torno al 40% del PIB.
VIVIENDA Y ENERGÍA
De su lado, el Círculo de Empresarios considera que el Estado debe desarrollar una política de vivienda compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados por la constitución. Proponen así ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y encontrar fórmulas de colaboración pública-privada en aquellas ciudades con demanda insatisfecha, además de agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores.
En materia energética, la organización cree que debe evitarse todo tipo de intervención en el mercado, o reducirla al mínimo imprescindible. Además, ven preciso trabajar para lograr la aceptación social de la transición y el consenso de la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía.
“La necesidad de disponer de una energía segura y flexible en las mejores condiciones, reducir la volatilidad y facilitar la estabilidad de precios para los consumidores pasa por el alargamiento de la vida útil de la generación ya instalada y la conveniencia de fomentar el desarrollo del mercado a plazo y de la contratación bilateral”, han reiterado.
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