La ONG pide a los países donantes que garanticen que los fondos proporcionados no contribuyen a las violaciones de derechos
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles la deportación masiva de ciudadanos sirios, incluidos menores no acompañados, por parte de las Fuerzas Armadas de Líbano (LAF), independientemente de su estatus de refugiado.
HRW ha señalado que las tropas libanesas han arrestado arbitrariamente y deportado a miles de sirios entre abril y mayo de 2023, sin que los militares hayan tenido en cuenta el estatus de refugiado ni los temores de persecución y estos regresaban a su país de origen.
“Líbano alberga la mayor cantidad de refugiados per cápita del mundo en medio de una dura crisis económica, pero esto no es excusa para reunir a los sirios y arrojarlos al otro lado de la frontera en manos de su Gobierno abusivo”, ha declarado el investigador de Líbano para HRW Ramzi Kaiss.
Este investigador ha lamentado que “los sirios en Líbano viven con el temor constante de que puedan ser detenidos y devueltos a condiciones de pesadilla, independientemente de su condición de refugiados”.
“Los relatos de tortura de los retornados y su reclutamiento militar forzoso en una guerra sangrienta que ha matado y desplazado a cientos de miles muestran que Siria no es segura para los retornos”, ha manifestado Kaiss.
En este sentido, la ONG ha considerado que los gobiernos donantes que apoyan al Ejército libanés deben instar a las autoridades del país a detener tales deportaciones y garantizar que los fondos proporcionados no contribuyan a las violaciones de derechos.
“Los donantes de Líbano deben asegurarse de que toda la ayuda y el equipo proporcionado para apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas no financien efectivamente los retornos forzosos de los sirios a un futuro incierto”, ha agregado el investigador de la ONG.
Las autoridades de Líbano han indicado a HRW que están implementando las decisiones del Consejo Superior de Defensa de deportar a los sirios que ingresaron al país de forma irregular desde 2019. El Ejército ha negado haber deportado arbitraria o sistemáticamente a sirios, pero indicó que las deportaciones las realizan como parte de operaciones de seguridad según “amenazas creíbles”.
En todos los casos de deportación documentados, el Ejército no ha proporcionado a los deportados la oportunidad de impugnar la decisión. De hecho, cuando los deportados señalaron que estaban registrados como refugiados en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) “sus súplicas fueron ignoradas”.
Además, varias personas sirias han denunciado trato abusivo durante su deportación, indicando que han sufrido palizas, amenazas, acoso sexual y trato degradante, al haberles vendado los ojos, abofeteado u obligado a permanecer de pie durante oras.
Si bien no hay estadísticas públicas oficiales sobre el número de arrestos o deportaciones, una fuente humanitaria ha señalado que desde abril de 2023 ha habido más de 100 redadas, 2.200 arrestas y 1.800 deportaciones de refugiados sirios, afirmando que la ola de deportaciones de 2023 es la más grave.
La ONG ha señalado que la deportación de sirios infringe la ley libanesa, que existe que estas acciones se lleven a cabo a través de una autoridad judicial o, en casos excepcionales, por decisión del director general de Seguridad General basada en una evaluación de las circunstancias individuales.
Además, estas deportaciones infringen las obligaciones de Beirut como parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y en virtud del Derecho Internacional en materia de la no devolución por la fuerza a personas a países donde corren un claro riesgo de tortura u otra persecución.
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