MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Andalucía Acoge y Red Acoge, organizaciones sociales que trabajan en la inclusión social de las personas migrantes y refugiadas, han pedido a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 23 de julio que contemplen la regularización extraordinaria de personas migrantes que están en situación administrativa irregular en España y que cifran en unas 600.000 personas.
En este sentido, recuerdan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en el Congreso esta legislatura y que pide precisamente la regularización de este colectivo. Esta iniciativa podrá continuar su tramitación parlamnetaria en la próxima legislatura ya que las ILP no decaen a pesar de la disolución de las Cortes, como ocurre con las normas impulsadas por el Gobierno o los partidos políticos y que no han culminado su tramitación parlamentaria.
Así lo han puesto de manifiesto en un documento presentado a estas formaciones, en el que solicitan que sus programas respondan a las necesidades del conjunto de la ciudadanía, teniendo en cuenta los seis millones de personas extranjeras que forman parte de la sociedad española y contando con las “casi 600.000 que se encuentran en situación administrativa irregular”.
Además reclaman, potenciar las víaas legales y seguras de entrada en España; respetar los derechos humanos en frontera y garantizar el asilo; agilizar los procedmientos y flexibilizar la obtención de autorizaciones de trabajo y residencia; garantizar mediante una ley estatal el derecho de empadronamiento en cualquier municipio y de cualquier persona; cerrar los centros de internamiento de personas; crear una autoridad independiente de igualdad de trato y no discriminación; prohibir expresamente el uso de perfiles racionales por parte de la policía; garantizar mediante reformas legales el derecho a la tutela judicial efectiva; adoptar medidas que garanticen la igualdad de trato; ampliar el derecho de voto de los migrante y su representatividad en las instituciones; garantizar la protección integral de los menores y adolescentes sin referentes familiares; y aplicar la perspectiva de género en las migraciones.
Las propuestas presentadas tienen como pilar los tratados y convenciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “que son de obligado cumplimiento para los Estados, no son negociables y están por encima de cualquier ideología política y partidista”, según aseguran ambas organizaciones sociales.
En este sentido, explican que es “imprescindible que todas las leyes y políticas migratorias partan de la premisa irrenunciable de que todas las personas migrantes deben ser reconocidas y tratadas con respeto y dignidad como titulares de derechos en condiciones de igualdad”.
Las dos entidades han realizado además un llamamiento a todos los partidos para que los discursos políticos sobre migración y refugio incluya criterios y datos rigurosos para promover una convivencia pacífica y respetuosa con la interculturalidad, y no alentar actitudes racistas y xenófobas basadas en estereotipos, prejuicios y datos falsos sobre las personas migrantes.
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