MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga los trabajos que realizó el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA ha acordado citar en calidad de testigo a la directora global jurídica de la entidad María Jesús Arribas de Paz al entender que es pertinente, útil y necesaria su comparecencia “toda vez que han tenido una intervención directa en comunicaciones que se relacionan, de modo inmediato, con los hechos objeto de instrucción”.
Así consta en un auto firmado el 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que además de esa testifical acuerda la de otros empleados de la entidad como Jorge Tomás Gómez, Nuria Sánchez, Rafael Castellano, Natalia Ramilo Méndez, Esperanza Vigueras, Carlos Raimundo Herranz, Carlos Luque, Javier Gómez-Guillamón y Elena Arias Palomo.
La razón por la que quiere que declaren es porque aparecen citados en correos electrónicos que constan en la causa como emisores o receptores y que están relacionados de una manera u otra con la instrucción.
Precisamente Antonio Béjar, uno de los exdirectivos imputados en la causa, solicitó en 2021 que testificara Arribas, a lo que se opuso el BBVA. La defensa del ex jefe de Riesgos sostuvo entonces que su comaprecencia no atentaba contra la normativa vigente que regula el estatuto profesional de la abogacía ni iba en contra de las normas deontológicas.
“Más bien al contrario”, añadía citando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 1982 en la que se “estableció que, el principio de confidencialidad sólo protege los documentos y comunicaciones que se producen entre un abogado y sus clientes (no empleadores) siempre que se trate de correspondencia mantenida en el marco del derecho de defensa del cliente y que, además, se trate de un abogado independiente”.
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Cabe recordar que en esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
En su auto, el magistrado aprovecha también para dar luz verde a otra serie de diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, como que se una a la causa y se dé traslado a las partes de los archivos y documentos incluidos en dos oficios de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Además acuerda que se facilite clave de desencriptado a las partes para que accedan varios correos.
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