MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández-Alén, pidió este martes limitar el uso de medios propios para llevar a cabo proyectos por parte de las administraciones públicas tras observar un incremento del 69% de los encargos en el año 2022, hasta los 3.200, porque los plazos de los fondos Next Generation les están haciendo recurrir a ellos “de forma más habitual”, lo que “daña al tejido productivo”.
Así lo indicó el presidente de la patronal que agrupa tanto a grandes como pequeñas constructoras en su intervención en la III Gran Jornada Inmobiliaria organizada por el diario ‘El Economista’, en la que repasó los que, a su juicio, son los ocho principales problemas del sector.
Fernández-Alén señaló que la utilización de medios propios por parte de la Administración es “perfectamente legal”, pero apuntó que el problema surge porque el órgano de contratación realiza este encargo a medios propios “en vez de seguir el trámite marcado por la Ley de Contratos, un procedimiento largo pero seguro”.
Así, detalló que en el 2021 se realizaron 1.888 encargos por un importe de 1.800 millones de euros a medios propios y en 2022 se produjo un incremento a 3.200 encargos por un importe total de 4.000 millones de euros. “Esa tentación frente a los plazos perentorios del Plan de Recuperación y las dificultades que conlleva la Ley de Contratos ha hecho que se utilice de manera más habitual el encargo a medios propios y eso lo que hace es dañar a nuestro tejido productivo”, explicó.
En cuanto a la Ley de Vivienda, señaló que tiene algún aspecto positivo como la previsión de establecer una colaboración público-privada en suelos de la Administración, pero enfatizó la norma aprobada tiene hasta 10 cuestiones mejorables. Así, indicó que el texto no “ataja” el problema de la oferta de suelo y vivienda, no da “suficiente certeza” a los planeamientos urbanísticos, sujetos a que un defecto formal los “paralicen”; y no se “reducen los plazos” par acelerar las construcciones.
También criticó que no se haya incorporado la utilización de las declaraciones responsables por parte de los promotores en sustitución de las licencias como una forma de “agilizar el mercado”, que no se hayan tomado medidas contra la okupación, así como la intervención en el precio de los alquileres, por “alejar la inversión”.
Fernández-Alén subrayó el “poco acuerdo” que ha habido con las comunidades autónomas y con otros partidos; la “hiperprotección” a algunos colectivos que puede suponer su “expulsión” del mercado y un “riesgo para quien tenga el alquiler como forma de negocio”; la falta de “seguridad fiscal” en la vivienda y la previsión de tener que contratar a un mínimo de 900.000 trabajadores para llevar a cabo la construcción de las 184.000 viviendas públicas anunciadas.
El presidente de la patronal de la construcción también señaló que no cuentan con datos sobre la ejecución de los fondos europeos y que, pese a ir sumando los importes que se van conociendo, “las cifras no salen”. “La economía va bien porque están llegando estos fondos”, dijo Alén, que reclamó plazos “más flexibles” para la ejecución de todos los proyectos, cuya fecha límite es 2026.
Asimismo, sobre el convenio general del sector cerrado la semana pasada, reivindicó la adaptación del real decreto sobre las alertas de calor y la posibilidad de que los trabajadores paren de trabajar y recuperen esas obras en ese momento. Además, dijo que el plan de pensión colectivo, pionero en España, es “algo similar” a la mochila austriaca, medida propuesta por el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo.
INFLACIÓN Y MANO DE OBRA
Otro de los problemas del sector, derivado de la crisis inflacionaria, es el incremento de los costes de los contratos públicos. Para ello, se introdujo un sistema extraordinario de revisión de precios en 2022 que no fue ampliado el pasado mes de marzo. Alén pidió retomar este sistema y eliminar el límite del 20% que tenía, pues el incremento medio de las obras está siendo del 32%.
También reclamó recuperar el sistema de revisión de precios vigente entre 1965 y 2015, que fue modificado a través de la Ley de Desindexación. Para Alén, esto es un “error” y, aunque admitió que un período de seis meses o un 20% del contrato total forma parte del “riesgo empresarial” reivindicó que hay que pagar “lo que valen las cosas”.
Derivado de esta cuestión, señaló que se siguen produciendo obras desiertas, que cifró en 318 proyectos en el primer trimestre de 2023 por un importe de 190 millones de euros. Además, subrayó que las obras desiertas se vienen incrementando desde que no existe revisión de precios.
En cuanto a la mano de obra, reiteró la necesidad de incorporar jóvenes, mujeres, desempleados e inmigrantes al sector para hacer frente a la falta de mano de obra y al envejecimiento, pues un 21% de los trabajadores de la construcción tienen más de 55 años.
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