MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular de Extremadura y Vox anunciaron este viernes que han alcanzado un “acuerdo para constituir el nuevo gobierno” de la comunidad, que presidirá María Guardiola, y en el que la formación de Santiago Abascal ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, fueron los encargados de firmar este acuerdo para garantizar “el cambio” que los extremeños pidieron en las urnas con “generosidad, lealtad mutua y un acuerdo programático que permita que Extremadura crezca y evolucione”.
Con este acuerdo, Vox participará en el Gobierno de la Junta de Extremadura ostentando la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y dará apoyo a la candidatura de Guardiola a la Presidencia de la Junta esta región en el debate de investidura que se celebre en el Parlamento extremeño.
También acuerdan que el senador por designación autonómica que corresponde proponer al PP recaerá en un diputado de Vox, así como crear un órgano de control y seguimiento del pacto, cuya composición será acordada entre las partes, siendo, en todo caso, de composición paritaria de ambos partidos y presidido por el titular de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Además, acuerdan modificar el Reglamento de la Asamblea de Extremadura para garantizar que la composición de la Mesa de la Cámara sea proporcional al número de integrantes de cada grupo parlamentario. El día de la composición de la Mesa, Vox se quedó fuera de la misma al no haber un acuerdo con el PP.
PP y Vox asumen así la “responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y con una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas que han lastrado el desarrollo de Extremadura”. Para ello, ambas formaciones han centrado sus esfuerzos en “alcanzar los puntos en común y abordar las preocupaciones compartidas por sus votantes y por la mayoría de los extremeños”.
MEDIDAS
El acuerdo programático incluye “60 medidas centradas en garantizar un gobierno del cambio que reviertan las consecuencias de la inercia política del PSOE en los últimos años”. Las medidas acordadas están centradas “en las prioridades de las familias extremeñas, y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación”.
En concreto, estas medidas se agrupan en ocho puntos: fiscalidad y empleo; mundo rural, agua y patrimonio natural; educación y cultura; sanidad; políticas sociales, familia y vivienda; libertad, desarrollo social y económico; reducción del gasto político, y seguridad.
En las páginas que componen el acuerdo no aparece el término “violencia machista”, sino que PP y Vox se comprometen a trabajar “para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.
También pretenden llevar a la Asamblea en los 100 primeros días de gobierno una ley de medidas fiscales dirigida a bajar los impuestos y atraer personas y empresas, reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Matriculación, y suprimir al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para la mayoría de contribuyentes.
En materia rural, abogan por cumplir con el acuerdo de ‘responsabilidad política por la caza’, defender el mundo rural, las tradiciones y la identidad de Extremadura e impulsar una ley de aguas de Extremadura. Sobre la libertad, garantizan que derogarán la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esta región aprobada en 2018.
Sobre la educación, PP y Vox garantizarán “la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura” y fomentar “la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.
A su vez, en sanidad pretenden avanzar en una sanidad pública “de calidad”, elaborar un plan sanitario que asegure una atención “ágil y de calidad” en todo el territorio y ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales y desarrollar un plan estratégico de lucha contra las listas de espera.
Finalmente, sobre seguridad, señalan que estudiarán “la creación de un punto de atención especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal”, entre otras medidas.
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