SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) manifiesta su “profunda preocupación” por la actual inseguridad jurídica para el desarrollo de parques empresariales y proyectos industriales en Galicia, “ante la revisión de las autorizaciones en sede judicial, que pone en cuestión el trabajo de la administración y en particular la correcta evaluación ambiental y de impacto sobre el medio”.
A través de un comunicado, señalan que la estimación de diversos recursos presentados contra la concesión por parte de la Xunta de Galicia de la autorización de parques eólicos ha dado lugar a que proyectos aprobados por la administración “sean posteriormente rechazados o desautorizados, con los correspondientes perjuicios para los promotores y su entorno: empresas, trabajadores, ayuntamientos, propietarios, etc”.
“Todo ello hace que planee entre nuestras empresas y promotores la sombra de la inseguridad jurídica que puede llegar a ser paralizante para cualquier inversor. Después de muchos meses esperando por la preceptiva licencia y una vez concedida, podemos volver a la casilla de salida”, apunta el presidente de la CEG, para anotar que “la pregunta es ¿quién va a pagar los perjuicios generados a promotores y empresas, que ven como sus proyectos aprobados son objeto de revisión y deben cesar en su ejecución. Los empresarios necesitamos un marco jurídico claro y estable”.
Juan Manuel Vieites manifiesta que que los empresarios gallegos están “muy preocupados por las consecuencias que puede tener de cara al futuro la revisión de la aplicación sistemática de la normativa estatal o autonómica relativa a las autorizaciones de proyectos energéticos o industriales”.
A este respecto, el presidente de los empresarios gallegos advierte que “las paralizaciones no son gratuitas”. Detrás de cada proyecto hay muchas empresas que sufren importantes costes cada vez que se adopta una decisión de paralización. Galicia está en un momento clave para modificar su modelo económico e industrial y los proyectos eólicos son parte fundamental de la necesaria transición energética, que debe hacernos más competitivos”, ha apostillado.
Algunas organizaciones ya anunciaron a principios de junio que iniciarán acciones legales contra decenas de proyectos autorizados.
Los tiempos de tramitación y de autorización de las instalaciones y de sus obras siempre han sido “un escollo importante que ha retrasado y frustrado muchos proyectos”. En este sentido, apuntó que “hace unos meses las administraciones hicieron un gran esfuerzo por agilizar su trabajo y nos consta que lo han hecho sin variar un ápice el rigor del mismo”.
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