Álvarez recuerda que la Junta ha protegido siempre este derecho fundamental y reconoce el diálogo del Ministerio con comunidades y ciudadanía para devolver la cobertura universal
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha valorado la recuperación de la universalidad en el Sistema Nacional de Salud como medida de “voluntad política” y “una responsabilidad de Gobiernos solidarios con los colectivos más vulnerables”. En declaraciones tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, que tenía como único punto de orden del día la recuperación de este derecho, la titular andaluza de Salud ha destacado que se trata de un “primer paso importante que demuestra la voluntad política” del nuevo Gobierno y ha felicitado a la ministra, Carmen Montón, por la rapidez con la que se ha convocado este Consejo Interterritorial para recuperar “uno de los valores de la sanidad pública” y un “derecho fundamental” que “nunca se debería haber perdido”. Así, ha añadido que es “un día para celebrar”, ya que se recupera el espíritu de la Ley General de Sanidad.
En este sentido, ha recordado que en Andalucía la universalidad ha estado garantizada para toda la ciudadanía porque la Junta de Andalucía entendía que era su responsabilidad como “Gobierno solidario y sensible a los colectivos más vulnerables”. Álvarez confía en que la vuelta a la universalidad en todo el territorio se produzca lo antes posible y ha destacado la importancia de la “homogeneidad” de su aplicación en todas las comunidades autónomas a través de un respaldo normativo que ofrezca “seguridad jurídica”.
De este modo, ha señalado que desde el Ministerio de Sanidad se tendrá que trabajar ahora en asegurar la “respuesta legal y normativa” y armonizar las posturas de las diferentes comunidades autónomas. En este sentido, ha reconocido el diálogo que ha abierto el Ministerio y la ministra Montón con las comunidades autónomas y con la ciudadanía para responder con homogeneidad y cohesión a la recuperación de esta medida.
Marina Álvarez ha recordado que con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que no se consensuó por parte del Gobierno, cada comunidad buscó una vía para “dar respuesta a este problema”. Esto, ha asegurado, creó inequidad y que algunas comunidades y sus profesionales no tuvieran la seguridad jurídica para dar respuesta.
Medida de salud pública y no económica
La consejera ha explicado que Andalucía reconoce este derecho con una tarjeta transitoria para las personas inmigrantes en situación irregular que les permite acceso a toda la “asistencia sanitaria como cualquier andaluz o andaluza”. A cierre de 2017, son 59.000 personas las que contaban con este documento. Álvarez ha resaltado que este documento temporal permite al sistema sanitario conocer cuál es la utilización de servicios sanitarios por parte de este grupo, además de su situación de salud. También ha detallado que las cifras reflejan que la mayor parte de la población inmigrante es joven y sana, que no hace mucho uso de los centros sanitarios. Por ello, no puede seguir argumentándose que sea una medida económica. De hecho, en todos estos años, no se ha realizado ninguna valoración del impacto económico de esta medida de exclusión, según ha recordado.
La consejera ha explicado que lo que sí tendría un gran impacto económico sería no prestar medidas de prevención y promoción de la salud en este grupo de personas, ya que se tendrían que recibir asistencia sanitaria “en un momento mucho más costoso, como las urgencias” y “conllevaría problemas de salud pública no sólo para estas personas, sino para la sociedad en su conjunto”.
Marina Álvarez ha recordado que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Naciones Unidas (ONU), algunas sociedades científicas, ONGs o el Defensor del Pueblo se han manifestado sobre este asunto y todos han recomendado que se recupere esta universalidad basándose en estos principios de salud pública, equidad y solidaridad.
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