MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
Abogados y procuradores, junto a asociaciones de consumidores y administradores de fincas, han protagonizado este miércoles una concentración en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga capital para pedir solución a la “parálisis” que en su opinión sufre el servicio público judicial porque es “una cuestión de estado”.
Así, en un manifiesto han reivindicado un servicio público “moderno, creíble, de calidad y capaz de generar confianza en la ciudadanía”, por lo que consideran que “es el momento de que todos juntos alcemos la voz en defensa de la justicia”, no solo por los profesionales sino también “por la ciudadanía”.
“La actual situación del servicio público de justicia es insostenible”, han indicado, recordando que lleva paralizado casi cinco meses “sin visos de solución”. Así, han explicado que las recientes y sucesivas huelgas se suman “a un déficit histórico y estructural” que arrastra el sistema desde hace “muchas décadas”.
En este sentido, el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, ha lamentado que los poderes públicos “no tengan respuesta alguna a esta parálisis” y ha señalado los perjuicios económicos “enormes” para los profesionales; “hay miles de demandas pendientes, muchos despachos están planteándose el cese de actividad o reducir plantillas; la situación es dramática”.
Igual ocurre con los abogados de oficio, en los que “a unas retribuciones que no son dignas”, se suma la suspensión de los procedimientos y de los juicios. “La ciudadanía percibe una inseguridad y falta de confianza del sistema devastadores”, ha dicho González, quien ha estimado que son “miles” los procedimientos paralizados.
Para el decano de los abogados malagueños, “la solución es posible y hay que poner todos los medios para que de inmediato se solucione”, al tiempo que ha señalado que es una cuestión que “tiene que entrar en el debate electoral”. “Es imprescindible la toma de posición por parte de los partidos políticos y la solución inmediata a la parálisis actual, que está en manos del ministerio”, ha incidido.
Ha considerado factible un pacto de Estado porque la justicia “es un poder que garantiza la paz social, la convivencia y esta está ahora mismo en entredicho, porque los conflictos no se resuelven en las relaciones laborales, entre empresas, entre ciudadanos, y todo eso lleva a un descrédito de la Administración de Justicia y una falta de confianza, que puede provocar situaciones muy graves en la sociedad”.
En el ámbito penal, González ha manifestado a los periodistas que “hay unos servicios mínimos que tengo que decir que no siempre se cumplen, que además no dan solución a la gravedad de la situación a la que estamos hablando”.
Por su parte, el nuevo decano del Colegio de Procuradores de Málaga, David Sarria, ha asegurado que se suman junto a abogados y administradores de fincas a esta concentración porque, “sin menoscabo de los derechos de nadie, se están interrumpiendo los derechos de la ciudadanía y de unos profesionales que se ven afectados”.
“Está habiendo ya despidos en los despachos, está habiendo paralización de servicios, la justicia ha retrocedido en los servicios mínimos, aunque se están intentando cumplir, no son suficientes y los partidos políticos tienen que tomar partido, nunca mejor dicho, en esta situación e intentar solucionarla porque es urgente”, ha manifestado.
Sarria ha afirmado que se está viendo afectado el mercado de alquiler y “la gente no quiere alquilar pisos porque si no les pagan, qué hacen”; además de que los juzgados “están tardando dos o tres años en poner las vistas porque no tienen más huecos”, por lo que ha dicho que “estamos todos en un entramado de tela de araña del que no sabemos cómo salir después de una pandemia terrible”.
Además, ha señalado que “la justicia estaba en proceso de modernización que se ha visto interrumpido” y ha insistido en que “esto es muy urgente” y en que la sociedad debe ser “consciente de un problema gravísimo” que afecta a los procuradores, que “estamos siendo unas víctimas tremendas”.
Para los profesionales que se han concentrado la situación “afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas”, apuntando que “la ausencia efectiva de mecanismos de resolución de conflictos está causando inseguridad y desconfianza en la ciudadanía”.
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