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“Las constructoras de gran magnitud solicitan la recuperación de la revisión de precios y la expansión de los beneficios del vehículo eléctrico y naval.”

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MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) reclamó este miércoles incorporar mecanismos automáticos de estabilización de precios en contratos públicos y la ampliación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado y del naval.

Según la patronal que agrupa a empresas como ACS, Ferrovial, Sacyr o Acciona, es necesario recuperar la obligatoriedad de inclusión de fórmulas de revisión de precios en pliegos por parte de todos los organismos y entidades del sector público, fijar como instante cero de la revisión de precios la fecha final de presentación de ofertas en lugar de la fecha de formalización del contrato o máximo de tres meses y reducir la carencia de un año a seis meses, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas.

Asimismo, Seopan reclamó la modificación del real decreto de revisión de precios excepcional incrementando el límite del 20% del precio del contrato al 30%, para contratos de obras, e incorporando la revisión de los costes de mano de obra en la norma para contratos de servicios, que, actualmente, están excluidos.

También, para el impulso de la colaboración público-privada, se propone la modificación de la fórmula de determinación del plazo de los contratos de concesión, modificando la tasa de descuento del RD 55/2017, de desarrollo de la Ley de Desindexación. Según Seopoan, debe referenciarse a la tasa de mercado, obtenida ésta mediante consulta preliminar a agentes de mercado.

En aspectos regulatorios, su última petición es adaptar la ley de contratación pública para “dar cabida a modelos colaborativos de contratación pública de coste objetivo y modelos alianza, así como retomar la tramitación del proyecto de ley de movilidad sostenible implementar el mecanismo de pago por uso en las vías de gran capacidad titularidad del estado.

Sobre el programa Next Generation-EU, la patronal pide ampliar dos de los Pertes aprobados pr el Ejecutivo. Para el del vehículo eléctrico, reclama habilitar una línea de financiación para la construcción y enganche a la red de una infraestructura de recarga pública interurbana en vías de gran capacidad y convencionales, que incorporaría 10.710 puntos de recarga públicos de velocidad ultrarrápida en 1.585 electrolineras con una inversión de 3.766 millones de euros, con un 60% de inversión pública.

Para el segundo Perte, Seopan demanda habilitar una línea de financiación pública de hasta 1.000 millones de euros para la ordenación y acondicionamiento de la superficie portuaria y, según caso, para la creación de nuevas infraestructuras de abrigo en puertos de interés general para el desarrollo industrial de la prefabricación de cimentaciones flotantes asociadas a la energía eólica marina ‘offshore’.

Por otro lado, los empresarios piden poner en marcha la línea de préstamos financieros de la Adenda del fondo de Resiliencia Autonómico y dotado con 20.000 millones de euros para la promoción de infraestructuras sostenibles de su titularidad; hidráulicas del tercer ciclo hidrológico 2021/2027, que representan 12.000 millones de euros, y de transporte público, que representan más de 8.000 millones de euros.

Asimismo, Seopan plantea recuperar en los Presupuestos Generales de 2024 el presupuesto ordinario de inversión en infraestructuras hidráulicas del Ministerio para la Transición Ecológica al nivel medio presupuestario de entre 2008 y 2015 “para garantizar así la ejecución de 7.724 millones de euros de inversiones titularidad del estado comprometidas en el ciclo hidrológico 2021-2027”.

Igualmente, señala la necesidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 59 del real decreto-ley 36/2020 para la concesión de anticipos de hasta un 50% de la cantidad total, en obras con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e incrementar la ejecución presupuestaria de los principales órganos de contratación del Estado.


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