MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, criticó este martes duramente la actitud del Ministerio de Justicia que conduce hacia el “colapso” de una justicia que ya se encuentra en “cuidados intensivos”, tras las sucesivas huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de los jueces y de los funcionarios, que aún están en paro.
Ribón aseguró que ésta es una “época oscura” en la que está primando el desmantelamiento progresivo de la Administración de Justicia por la “desatención del turno de oficio y de las peticiones de refuerzos en los juzgados” madrileños que se han rechazado en uno de cada tres casos.
El ICAM entiende que no hay ninguna interlocución con el departamento que dirige Pillar Llop y critica la actitud del Ministerio. Para superar la situación de parálisis, el ICAM pide un gran pacto de Estado por la Justicia, porque la situación actual indica que los procedimientos judiciales pasarán de resolverse en una media de dos años a una media de cinco, y apuntó que los mayores retrasos se producen en “sectores clave” como los juzgados de familia o los especializados en cláusulas abusivas de los bancos.
El presidente del Colegio de la Abogacía recordó la incidencia que está teniendo la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia que se mantiene desde el pasado 22 de mayo y advirtió que no tiene visos de resolverse antes de las elecciones del 23 de julio, por lo que pidió a los sindicatos “ponderar” su postura ante la evidencia de que en período preelectoral será difícil alcanzar acuerdos.
Para Ribón, mantener esta huelga supone una paralización de cuatro meses, “no tiene sentido” porque sumará los retrasos actuales a las más de 7.500 suspensiones de procedimientos derivados de las huelgas de los LAJ, y anticipó que muchos abogados se quedarán sin trabajo.
Según la vicepresidenta del ICAM, Isabel Winkels, la tramitación de los procedimientos en los juzgados de familia pasará “de uno a tres años” y apuntó que la falta de refuerzos también afectará a los juzgados que dictan las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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