MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes extender en seis meses, hasta el 25 de enero de 2024, el plazo para que los proyectos renovables obtengan la autorización administrativa de construcción sin que pierdan sus derechos de acceso a la red.
Esta es una de las medidas de carácter energético que forma parte del real decreto ley que prorroga las ayudas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania que ha sido aprobado por el ejecutivo.
En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 gigavatios (GW) de potencia que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido.
Al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.
Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.
Los proyectos, en todo caso, se deben culminar antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.
Por otro lado, en materia energética el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022.
La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita al traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores.
200 MILLONES PARA COGENERACIÓN
Asimismo, el real decreto ley contempla una adaptación excepcional de la metodología para calcular la retribución de las plantas de cogeneración entre 2023 y 2025 en línea con una propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En concreto, el Ejecutivo modifica las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, introduciendo unos valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones.
Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de estas instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de 2023.
CONGELACIÓN BUTANO
Paralelamente, el real decreto ley prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente. En la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internacionales, está situado en 15,96 euros.
Finalmente, la norma impulsa la movilidad sostenible, al facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, muy relevantes en las vías principales, porque permiten recargar rápidamente los automóviles y contrarrestar la denominada “ansiedad de autonomía” de los conductores.
Concretamente, declara de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 megavatios (MW), eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia.
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