SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes su primer decreto específico de ordenación de las enseñanzas universitarias con el que busca evitar la duplicidad de titulaciones y para ello se apoyará en dos criterios de selección: la demanda social y la empleabilidad.
Las futuras titulaciones que se impartan con los nuevos criterios se conocerán en la primavera de 2024 y se revisarán cada dos años. Las diez universidades públicas de Andalucía ofrecerán en el curso 2023/2024 73.458 plazas y 1.500 títulos de grados y másteres.
El consejero de Universidad, Innovación e Investigación, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior ese decreto que supondrá una revisión de la actual oferta de las universidades públicas andaluzas tras poner de manifiesto que desde 2010 “no han podido ofertas nuevos grados”, un hecho que, a su juicio, se ha traducido en que “se ha generado una gran disfunción, ha dificultado una planificación estratégica, ha disminuido la competitividad de las universidades” y todo ello se ha traducido en “menores oportunidades para la sociedad”.
Ante la pregunta de cómo evitar la duplicidad de títulos y con ello eliminar carreras, el consejero ha aludido a “la duplicidad de nueva implantación” para seguidamente esgrimir ese “jugar con dos factores”, como sería “la demanda social y del sector productivo”, una conciliación de aspiraciones de las que ha dicho “no siempre van de la mano”.
“Fomentaremos títulos conjuntos”, ha proclamado Gómez Villamandos, aunque seguidamente ha apelado a que “tenemos que evitar” la práctica de ante el descubrimiento de “una titulación atractiva que lo ponga la universidad de al lado”.
Sobre la demanda de alumnos de nuevo ingreso, el Gobierno andaluz ha explicado que se tendrá en cuenta la registrada en las titulaciones afines en los últimos años y, para las enseñanzas que estén previstas implantarse y repitan la oferta existente. se analizarán y aprobarán por separado y estarán condicionadas a cuestiones relacionadas con lademanda social.
De esa duplicidad ha excluido a las ingenierías, que impulsarán incluso ante la evidencia de que “hay mucha demanda”, a lo que ha sumado también otro titulación diferente como Medicina, donde “hemos incrementado un 10% las plazas ofertadas”.
En el caso de las ingenierías ha abogado por introducir “una serie de modificaciones” ante “las grandes carestías los ingenieros”, por lo que ha planteado “una serie de modificaciones” para propiciar que sea “más atractivo estudiar ingeniería”, de manera que en los dos primeros años podrán elegir asignaturas dentro de una horquilla de entre 60 y 120 créditos comunes a dos o más grados, para que el tercer curso “elegir la carrera más adecuada a sus capacidades”. En Arquitectura se ofertará un escenario de formación similar.
Gómez Villamandos, después de lamentarse de “una estructura estática de titulaciones”, ha abogado por contar con “oferta dinámica, flexible”, que ha concretado en la medida de que la planificación de titulaciones tendrá una vigencia de cuatro años y podrá revisarse cada dos, para precisar que en el caso de los másters será aún más flexible.
El consejero ha planteado que “las propuestas vengan de las universidades” y para la futura implantación de una nueva titulación “tendremos en cuenta la capacidad de las universidades”, junto con la demanda social y la empleabilidad. Para este último parámetro ha planteado acudir a “referentes externos”.
Gómez Villamandos ha defendido “el criterio de territorialidad”, convencido de eludir que “no se pisen titulaciones” para evitar “una duplicidad innecesaria”, con el matiz de un “no a la extinción de carreras”, pero siempre huyendo de “solapamientos innecesarios” y con la aspiración de “cubrir las necesidades del sector productivo”, así como ha apelado a “generar conocimiento en zonas despobladas”.
El consejero de Universidad ha defendido “mantener dentro de Andalucía” una titulación en lenguas semíticas, de la que ha considerado que “es una fuente de conocimiento que no podemos abandonar”, antes de argumentar que el objetivo es que “estamos buscando la competividad con el fomento de titulaciones duales”, así como de titulaciones conjuntas de universidades andaluzas, con otras universidades nacionales e internacionales, además de prácticas externas.
GRADOS DUALES
El Gobierno andaluz ha señalado que el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias le dará prioridad a la creación de los grados y másteres duales y los de carácter internacional. Para ello, se suavizarán los criterios exigidos con carácter general para el resto en materia de personal docente e investigador, de infraestructuras ydotaciones y de plazos para presentar la documentación.
Los grados y másteres con mención dual contemplan que el alumnado complemente su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución mediante un contrato de formación en alternancia, de acuerdo con la ley laboral.
El porcentaje de créditos que se podrá desarrollar en la empresa o entidad empleadora oscilará entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% en el caso de los grados y entre el 25 y el 50% en los másteres.
La Junta de Andalucía aspira también a regular el itinerario de los dobles grados tras poner de manifiesto que es “una práctica que se viene realizando sin la correspondiente regulación y procedimiento”, situación que se clarifica con este decreto.
También el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias regulará la programación universitaria, adecuará los planes de estudio a esa programación y establecerá los criterios para la implantación,modificación y supresión de los grados, másteres y doctorados, así como los procedimientos para la verificación de los planes de estudios de las universidades tras explicar que ese proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado con la referencia del marco estatal.
La Consejería ha explicado que ha comenzado la tramitación del decreto por la vía de urgencia y por ello, antes de su aprobaciónpor el Consejo de Gobierno, el decreto ya cuenta con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía y se ha sometido a evaluación por parte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
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