MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Stop Accidentes ha reclamado un Pacto de Estado en materia de educación para luchar contra la violencia vial de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, al considerar que son necesarias medidas “urgentes” para luchar contra esta lacra.
En este sentido, ha solicitado políticas públicas activas de transformación y de prevención de las conductas de riesgo como cumplir con la obligatoriedad por ley de impartir asignatura de educación vial en valores en todos los currículos escolares; compromiso social y cultural en colaboración con las administraciones locales y comunidades autónomas para impulsar proyectos que cumplan los objetivos de movilidad saludable, segura y sostenible; y sensibilizar y formar a los colectivos en situación de más vulnerabilidad.
“Solicitamos a los políticos actuar con voluntad de cambio. No podemos estar satisfechos mientras haya víctimas inocentes en siniestros de tráfico que son evitables. Hemos logrado alcanzar en España durante estos años una reducción de la siniestralidad que se debe sobre todo a la puesta en marcha de medidas de educación, sanción y control, poniendo aun así de relieve que todavía no se ha conseguido crear una cultura de seguridad vial”, ha señalado la asociación.
Asimismo, ha añadido que exigen “una máxima implicación institucional y consenso político en temas de seguridad vial para conseguir una movilidad sostenible, segura e inclusiva, cumpliendo los ODS de la Agenda 2030, el Plan Mundial del 2º Decenio de Acción por la seguridad vial y las Estrategias de Seguridad vial 2030 de la DGT”.
La asociación también propone prestar una atención integral a todas las victimas de todas las violencias y para ello, pide crear una Secretaría de Estado y/o un organismo rector que atienda a todas las víctimas de hechos violentos.
En este sentido, con la misión de coordinar con los distintos ministerios implicados reclaman una red estatal de atención integral para todas las victimas que disponga de un número de teléfono único con un protocolo de actuación para prestar una escucha activa que facilite la protección integral de las victimas afectadas para evitar una segunda victimización.
De esta manera, solicitan escuchar, ayudar, orientar a las víctimas y sus familiares proporcionando información para el conocimiento de sus derechos y de las acciones que pueden ejercitar; ofrecer apoyo psicológico y derivar hacia las diferentes ayudas sociales disponibles realizando siempre un seguimiento. Acompañar en todo lo que soliciten las víctimas y coordinar con las asociaciones de víctimas existentes en el territorio nacional que ofrecen un espacio solidario y cercano debido a sus vivencias y experiencias semejantes son otras de sus demandas.
También exigen justicia a preventiva para la sociedad, reeducadora para el infractor y reparadora para la victimas para lo que reclaman crear juzgados especializados en delitos viales; modificar el código penal en lo relativo a los homicidios (no a la involuntariedad de manera generalizada); acortar plazos para obtener las autopsias, informes toxicológicos y mejorar las periciales extrajudiciales; reconocer a los familiares de las víctimas como perjudicados; y modificar la ley del menor.
Además, proponen el endurecimiento de la ley para los reincidentes y reeducación; seguro obligatorio para usuarios de bicicletas y VMP, así como un registro de propiedad de los mismos (matrícula, código QR);participación de las asociaciones de víctimas en la formación de los jueces y fiscales; y la inmediata puesta en funcionamiento del Proyecto de Ley de mejora de los derechos de las víctimas que fue aprobado en Julio de 2020.
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