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En los últimos cuatro años, se han impuesto multas a cerca de 2.800 propietarios por no mantener limpias sus fincas

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La biomasa que arde en un incendio vuelve a ser la misma que antes del fuego en un periodo de cinco años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

Un total de 2.793 propietarios fueron multados en Galicia entre 2019 y 2022 por no limpiar sus fincas ante la obligación de desbroce de franjas secundarias de protección de viviendas para la prevención de incendios.

Según los datos que traslada la Consellería de Medio Rural a Europa Press, durante este periodo hubo un total de 8.185 apercibimientos a dueños de terrenos, avisos que de no cumplirse se traducen en sanciones económicas, como así fue en 2.793 casos.

Sobre la campaña de 2023, este departamento aclara que todavía no cuenta con datos porque “las revisiones comenzaron este mismo mes”. El 1 de julio se inicia la temporada de alto riesgo de incendios forestales en Galicia, en un año con novedades como la puesta en marcha por primera vez de una unidad especializada en grandes fuegos y la ampliación de la red de videovigilancia.

El hecho es que las sanciones económicas van al alza con el paso de los años: 495 en 2019, 557 en 2020, 756 en 2021 y 985 en 2022. Las multas pueden ir desde 100 euros en los casos leves hasta los 100.000 euros en los muy graves.

La provincia de A Coruña es la que acumula más expedientes sancionadores en 2022, con un total de 484. Le siguen: Lugo (205), Ourense (200) y Pontevedra (96).

Actualmente, un total de 279 municipios (el 89% del total) se han sumado al convenio entre Xunta, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga para la limpieza de franjas de seguridad.

INSPECCIONES

Así, la Xunta inspeccionó entre 2021 y 2022 un total 84.915 hectáreas de 1,2 millones de parcelas. El 70% de la superficie estaba gestionada en 2022 –por sus propietarios o de modo subsidiario por Seaga–, una cifra que sube desde el 50% que representaba en 2019.

Los propietarios de parcelas no gestionadas son objeto de la correspondiente notificación, advirtiendo de la repercusión del coste y de la imposición de la correspondiente sanción si no se cumple –paralelamente se abre expediente con multa en caso de persistencia del incumplimiento–.

De tal forma, entre 2021 y 2022 se remitieron un total de 250.303 notificaciones y 208.635 referencias catastrales para publicación en diarios oficiales –por ser parcelas de desconocidos–.

“MUY INCISIVOS” EN LA GESTIÓN DE LA BIOMASA

En un encuentro esta semana con los medios, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha llamado a “ser muy incisivos” para la gestión de la biomasa y ha destacado los cambios legales implementados en los últimos años para tener mayores competencias de actuación ante el abandono.

Igualmente, Cristina Fernández, investigadora del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, ha reflexionado acerca de la problemática de que la biomasa que arde en un incendio vuelve a crecer hasta el mismo nivel que antes del fuego en un periodo de unos cinco años.

Mientras, el Gobierno gallego ha prohibido desde este fin las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares debido a las condiciones meteorológicas, con temperaturas elevadas y tiempo seco.

DISPOSITIVO

El dispositivo de la campaña de alto riesgo que comienza el 1 de julio –irá hasta finales de septiembre– estará integrado por más de 7.000 efectivos entre los diversos cuerpos disponibles. La Xunta se fija el objetivo de que la superficie arrasada sea inferior a 19.762 hectáreas en 2023.

El año pasado ardieron más de 51.600 hectáreas, una campaña marcada por el fenómeno meteorológico registrado en Galicia en julio, llamado sistema convectivo de mesoescala, que provocó miles de rayos que desencadenaron multitud de incendios. De hecho, los fuegos O Courel (Lugo) –11.100 hectáreas– y Valdeorras (Ourense) –10.500 hectáreas– fueron los mayores en la historia de la comunidad gallega.

Para este año también destacan novedades como el despliegue de tres nuevas brigadas públicas helitransportadas operativas todo el año en las bases de O Barco de Valdeorras, O Xurés (Muíños) y Queimadelos (Mondariz). La red de viodeovigilancia forestal, con cinco nuevas cámaras disponibles en dos nuevas localizaciones, alcanza la cifra de 153 unidades en 76 localizaciones.

Igualmente, hay un refuerzo de medios materiales con más motobombas y unidades batracio, que consisten en un tractor con cisterna, trituradora multifunción y polidozer.

En relación con las parroquias de alta actividad incendiaria, el plan anticendios (Pladiga) 2023 eleva el número a 40, frente a las 35 del año pasado. La gran mayoría están en municipios de la provincia de Ourense (28), a la que siguen Pontevedra (6), A Coruña (5) y Lugo (1).


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