MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente de Túnez, Kais Saied, se ha reunido este jueves en París con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien le ha “dejado claro” que las disposiciones del organismo son “inaceptables”, en referencia a los ‘disturbios del pan’ de hace 40 años.
“Las disposiciones del FMI para brindar apoyo financiero a Túnez son inaceptables porque afectarían a la paz civil, que no tiene precio”, ha declarado Said, según reza un comunicado de la Presidencia tunecina, en el que ha recordado “lo sucedido a finales de 1983 y principios de 1984 cuando cayeron cientos de mártires tras anunciarse el levantamiento de los subsidios a los cereales y sus derivados”.
La retirada de subsidios provocó una subida en el precio de los cereales, lo que originó protestas en las que fallecieron decenas de civiles.
“No aceptaré que se derrame ni una sola gota de sangre”, ha subrayado, al tiempo que ha recriminado a los agentes extranjeros que “no conocen a realidad tunecina” y que el país no puede “aceptar recetas que son como poner una cerilla junto a materiales altamente explosivos”, según recoge la emisora Shems FM.
Túnez se encuentra atascado en las negociaciones finales con el FMI para obtener un préstamo imprescindible de cara a una futura recuperación. Según la agencia de calificación Fitch, el Gobierno tunecino necesitará financiación por valor del 16 por ciento del PIB en 2023 (unos 7.500 millones de euros) y de un 14 por ciento en 2024 (unos 7.300 millones de euros) “muy por encima de la media del 9 por ciento registrada entre 2015 y 2019”.
Fitch ha señalado “el fracaso” de las autoridades tunecinas , con Saied a la cabeza, “a la hora de poner en práctica el programa pactado con el FMI”, cuyo cumplimiento es imprescindible para obtener financiación y garantizar este préstamo de 1.900 millones de dólares (1.764 millones de euros), como el recorte del gasto público.
No conviene olvidar la enorme crisis política que también atraviesa el país desde que Saied decidiera arrogarse las competencias del Parlamento en julio de 2021 en lo que sus críticos describen directamente como un autogolpe de Estado. Desde entonces, sus opositores han denunciado una constante persecución política mientras ONG acusan al mandatario de alentar a una campaña de violencia xenófoba contra los migrantes subsaharianos que usan al país como trampolín para alcanzar Europa.
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