Revisará cada caso para comprobar si han hecho frente a esas indemnizaciones
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha realizado una búsqueda en sus sistemas de gestión documental –MINERVA y SIRAJ– sobre los concejales electos en las municipales que se presentaban por EH Bildu y que cuentan con condenas por delito de terrorismo y ha constatado que 5 de los 20 revisados tienen en sus condenas indemnizaciones por responsabilidad civil. Ahora, revisará en las ejecutorias para conocer si han hecho frente a ese pago o no para actuar en consecuencia.
Así consta en una diligencia de ordenación emitida el pasado 19 de junio por el Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que responde a la petición realizada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) que solicitaba esa revisión para que en caso de ser oportuno se reclamaran esas cantidades a los concejales electos.
Según el listado, al que ha tenido acceso Europa Press, los 5 serían Miren Aranzazu Carrera (con 5 condenas que incluyen indemnización), José Ángel Viguri Camino (1), Gorka Betolaza Villagrasa (1), Juan Carlos Arriaga Martínez (1) e Iker Isiegas Garisoain (1).
Tal y como explica el documento, Miren Aranzazu Carrera contaría con condenas por asesinato (sentencia de 1983), por estragos (sentencia de 1984), secuestro y detención ilegal (1984) y robo (1983); Gorka Betolaza consta que fue condenado con responsabilidad civil por un delito de transporte de sustancias incendiarias y daños en 2010; Juan Carlos Arriaga por un delito de asesinato por el que fue sentenciado en 1989; e Iker Isiegas que fue condenado en 2005 por tenencia o depósito de explosivos.
A pesar de que solo detecta indemnizaciones en condenas relativas a esas personas, en el listado consta que hay otros cinco concejales sobre los que no se ha obtenido registro de condenas en España o en la Audiencia Nacional: Aitor Manuel Güemes, Andoni Lariz, Iñaki López de Vergara, Francisco Javier Saez de Urbain y Alona Muñoa.
Los letrados de la Administración del Estado al frente de esta comprobación indican en su diligencia que una vez revisado el listado procede dar cuenta del mismo al presidente de la Sala de lo Penal –puesto que atañe a varias secciones– y al Abogado del Estado ya que es el representante del titular del crédito sufragado por parte del Estado en el pago adelantado de las indemnizaciones a los perjudicados.
También da traslado al Ministerio del Interior y le solicita que remitan a la Audiencia Nacional el listado de procedimientos de recaudación abiertos en vía administrativa contra los condenados por delitos de terrorismo que aparezcan en esta diligencia. Asimismo, acuerda que se comunique el documento a la Oficina de Víctimas del Terrorismo para que comprueben las condenas que respecto a los 20 citados les constan.
EL MOVIMIENTO DE DYJ
Se da la circunstancia de que el pasado 8 de junio la asociación presidida por Daniel Portero interesó que se revisase no solo a los candidatos electos en este 2023 sino también a los que fueron elegidos en las de 2019 y 2015. Y aportaba un listado de 21 representantes de la formación con las condenas de cada uno de ellos para que se revisase caso por caso.
Comparando los dos listados, el de la Audiencia Nacional y el de DyJ, ocurre que en la relación de nombres de la asociación se enumeran 21 personas, mientras que el Servicio de Ejecutorias solo habla de 20. La concejala que ha quedado fuera del radar de la Audiencia es Begoña Uzcudun, elegida como número 3 en la lista a la alcaldía Errezil y que tiene condenas por asesinar a un guardia civil, por pertenencia banda terrorista y por ser cómplice de asesinato, según recoge DyJ.
En un escrito de subsanación de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, DyJ se fija en esa ausencia y apunta que se debe a que al enviar el listado por fax a la Audiencia Nacional el 8 de junio hubo un corte en la página 4 del mismo, “por lo que no consta” el relato de la ‘número 12’, Uzcudun.
Por eso, ahora adjuntan nuevamente su solicitud de 8 de junio para que “sea tenida en cuenta esta condenada electa y se determine su responsabilidad civil, la cual tiene numerosos delitos de sangre”.
DyJ recordaba el pasado 8 de junio que “han sido muchas las personas presentadas como candidatos por la formación política EH Bildu condenadas por delitos de terrorismo, entre ellos, asesinatos, estragos, pertenencia o colaboración con organización terrorista”, y añade que el Estado “puede reclamar la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo a los condenados por el mismo, previamente satisfecho por éste”, tal y como recoge la ley.
Así, DyJ insistía en que a todos los candidatos que han sido elegidos y a otros que a día de hoy siguen siendo concejales y que “van a pasar a cobrar o están cobrando un sueldo del erario público” se les examine por parte de las distintas secciones de este Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Esto permitirá conocer cuales de ellos tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, y entonces se les podrá reclamar “mediante los instrumentos legalmente establecidos, como el procedimiento administrativo de apremio”, añade.
Apuntaba la asociación que el Reglamento General de Recaudación permite averiguar los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido por cada uno de los concejales elegidos y que cuentan con condenas de delitos por terrorismo.
Así, se podría dar la circunstancia de que los concejales de EH Bildu que comenzaran a recibir un sueldo público por ejercer el cargo político para el que han sido electos vieran cómo se les embarga el mismo para hacer frente a esa responsabilidad civil no satisfecha.
LA POSTURA DE LA FISCALÍA
En las semanas previas a las municipales y autonómicas, esta asociación pidió a la Fiscalía que investigara si las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que iban en listas electorales de EH Bildu habían cumplido su pena de inhabilitación y que, en caso contrario, fueran anuladas sus candidaturas.
El Ministerio Público abrió y automáticamente cerró la investigación sobre esos 44 candidatos al determinar que no había delito ni causa de inelegibilidad. Además, por decreto, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que rechazaba activar el proceso de ilegalización de Bildu al considerar que no se daban las circunstancias exigidas para ello en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).
Esta respuesta llegaba después de que DyJ interpretara que llevar a 44 etarras condenados en listas suponía incurrir en las causas que establece la Ley de Partidos para ilegalizar formaciones políticas.
Finalmente, y a tres días de la celebración de las elecciones, DyJ presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Junta Electoral de zona de Donostia para poner en su conocimiento que una de las candidatas de EH Bildu, la décima por la localidad de Astigarraga (Guipúzcoa) Sara Majarenas Ibarreta, era inelegible porque está inhabilitada por sentencia firme hasta 2028. A las pocas horas, Majarenas era excluida por la Junta Electoral.
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