MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El proyecto de ley del PP y Vox que pretende regularizar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana supondría el “golpe final” para este espacio protegido.
Así lo afirman Luis Santamaría, de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), y Julia Martín-Ortega, del Instituto de Investigación sobre Sostenibilidad de la Universidad de Leeds (Reino Unido), en un artículo publicado este miércoles en la revista ‘Nature Water’. Ambos integran el proyecto europeo Waterlands, que aúna 32 organizaciones de 14 países y cuyo objetivo es la restauración de los humedales del continente.
El artículo, titulado ‘Cómo una propuesta de ley sobre el cultivo de fresa podría acabar con el humedal más icónico de Europa’, destaca la urgencia de conservar los ecosistemas de Doñana frente a la proposición de ley, que podría autorizar la expansión de regadíos en su entorno, aumentando en consecuencia la sobreexplotación del acuífero.
Doñana es uno de los espacios protegidos más singulares de Europa. Sus ecosistemas reciben casi medio millón de aves migratorias y mantienen una rica biodiversidad, que incluye más de 50 especies de aves acuáticas y dos de las especies más amenazadas del planeta: el lince ibérico y el águila imperial.
Sin embargo, el desarrollo intensivo de su entorno ha causado la degradación de su vegetación y suelos, la drástica reducción de sus humedales, graves descensos en el número de aves acuáticas y la práctica desaparición del conejo (la presa principal del lince y el águila imperial), según el artículo.
“Aunque Doñana todavía tiene una biodiversidad muy destacada que justifica ampliamente su conservación, la degradación continuada que ha estado sufriendo durante décadas está a punto de alcanzar un punto de no retorno”, indica Santamaría, quien añade: “En lugar de iniciar urgentemente las acciones imprescindibles para salvarla, la nueva ley marca el retorno de unas políticas obsoletas e insostenibles que sólo acelerarán su destrucción”.
“CONFRONTACIÓN SIN PRECEDENTES”
La proposición de ley, que pretende legalizar regadíos intensivos de fresa sobre terrenos de uso forestal o de secano, ha recibido una fuerte oposición por parte de la comunidad científica y de conservacionistas y, según los autores del artículo, representa un “grave riesgo institucional, económico y reputacional”.
En el artículo se advierte que el Gobierno andaluz ha entrado en “una confrontación sin precedentes” con la Comisión Europea, la cual ha amenazado a España con nuevas sanciones. El país ya fue sancionado en 2021 precisamente por no proteger adecuadamente el acuífero de Doñana.
En las últimas semanas, los principales importadores de fresa española en la UE han expresado su preocupación sobre el impacto ambiental de sus productos. El 80% de las fresas producidas en la región se dedican a la exportación. Alemania, Francia y Reino Unido reciben más de dos tercios de esas exportaciones y ya hay grupos de presión que alientan un posible boicot en Alemania.
“Esto puede comprometer el trabajo realizado por los productores legales de fresa en la zona, que han venido haciendo un esfuerzo para reducir el consumo de agua y el uso de agroquímicos en sus cultivos”, añade Martin-Ortega, catedrática de Economía Ambiental en la Universidad de Leeds.
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