MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo provisional de la pieza separada del ‘caso 3 por ciento’ denominada ‘Donaciones Blanqueo’ en la que se investiga a varios cargos de Convergencia por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente a dicha formación, lo que comúnmente se ha conocido como el ‘pitufeo’. El Ministerio Público insiste en su recurso en que existió algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresó y justificó “fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares”, y que hay “elementos de incriminación del delito de blanqueo de capitales”.
En esta pieza se investiga en concreto los ingresos de entre 1.500 euros a 3.000 euros que recibió el partido procedentes de dirigentes entre 2008 y 2015 con el supuesto objetivo de blanquear donaciones en efectivo entregadas por empresarios, según explicó el fiscal en diversos informes anteriores.
Ahora, en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal del caso, José Grinda, señala que en las actuaciones consta cómo “diversas empresas han ejecutado de manera continuada una conducta interesada de donaciones a las fundaciones relacionadas directamente con la formación política CDC”, y añade que con ellas se camuflaba la realidad de “auténticas conductas de soborno para conseguir la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya”.
Según explica el fiscal, lo relevante de esta conducta es la evidencia de que la extinta CDC buscaba y encontraba “formas de financiación a costa del interés público y en beneficio de determinadas empresas, siendo ésta constante”. Así, incide en que en la pieza principal del ‘3 por ciento’ ha constatado esta manera de actuar, que además no es nueva sino que es una “mera continuación de la estructura del llamado caso Palau” –ya juzgado–.
LAS TRES VÍAS DE CDC PARA FINANCIARSE
Así, insiste en que desde 1999 CDC estableció sistemáticamente una triple vía de financiación al margen de la legalidad, “vías que actúan coetáneamente”: “Una, las donaciones a las entidades afectas a CDC; dos, la simulación de servicios y convenios con las empresas que luego se veían beneficiadas en contratación pública; tres, las entregas en efectivo”.
En este sentido, y apoyándose en la documentación incautada en los registros de la sede del partido y en las distintas declaraciones de imputados y testigos, el fiscal subraya que concurren “datos objetivos de generación y posesión de dinero en efectivo, no declarado por CDC procedente de empresas que buscan con ello ser beneficiadas en la contratación pública”.
Tras esto, en el escrito enumera a una serie de cargos de CDC, entre los que aparecen directivos como Jordi Jané, Irene Rigau, Jordi Moltó o Felip Puig, de los que relaciona donaciones, y recalca que todos ellos son afiliados del partido político. Y asevera además que se ha podido constatar “la existencia de una coordinación superior” que manejaba los tiempos para que se realizaran esas donaciones.
Anticorrupción destaca que por todo esto es necesario seguir con la investigación, interesa requerir documentación bancaria respecto de las personas investigadas, y pide al juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que prorrogue las pesquisas –caducaba en julio de este año– para llevar a cabo esa diligencia.
EL AUTO DEL JUEZ
Pedraz, en su auto de archivo, incidía en que estas diligencias se abrieron en abril de 2020 –por el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata– para saber si se buscaba “un afloramiento de dinero procedente del delito” con la finalidad de financiar ilícitamente al partido.
Y señalaba que tras haber practicado todas las diligencias solicitadas, entre ellas el informe de la Guardia Civil en el que se procedió al análisis la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones, no había indicios.
En concreto, se examinó si se había ideado un sistema basado en la reversión en forma de dinero en efectivo de la donación realizada por los investigados como forma de compensación del ingreso inicial, de manera que el dinero en efectivo en poder de CDC y presuntamente de origen ilícito, pasaría al circuito económico legal utilizando la simulación de una donación, en vez de tratarse de una aportación realizada voluntariamente por el donante.
Entre los investigados están el ex tesorero de CDC Daniel Osacar –condenado por el caso Palau–, el también ex tesorero de CDC Andreu Viloca, el ex gerente de esa formación Germá Gordó, el exconseller y ex número 2 convergente Felip Puig y la también ex consellera catalana Irene Rigau.
El juez recordaba que los investigados declararon que las donaciones efectuadas respondían a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condición de militantes y, en particular, en atención al cargo público o de responsabilidad institucional que ostentaban algunos de ellos como consecuencia de los problemas de tesorería que les decían que atravesaba la formación en aquellos años. “La explicación dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada”, subraya el magistrado.
Por un lado, explicaba que no podía afirmarse que las donaciones realizadas tuvieran por objetivo la introducción en el tráfico económico de cantidades provenientes de un hecho ilícito antecedente. “No hay base para afirmar que el origen de los fondos fuera proveniente de la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite”, advierte.
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