Está destinado a personas de 25 a 64 años para las que se tendrá en cuenta la trayectoria laboral para su acceso
MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
El Plan de acción para el desarrollo de las microcredenciales universitarias en España cuenta con una inversión de 50 millones de euros con la que se prevé cubrir en dos años y medio, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, 1.000 formaciones y la acreditación de 60.000 personas de todas las edades, de 25 a 64 años.
Esa es la previsión mínima que maneja el Ministerio de Universidades y que ha dado a conocer este lunes en la presentación del plan en un acto en el Rectorado de la Universidad de Málaga, donde han estado presentes el ministro de Universidades, Joan Subirats; el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas; la presidenta de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón, y el asesor del Gabinete del ministro de Universidades, Jaume Blasco.
El objetivo del Plan Microcreds, como ha explicado Subirats, es abrir las universidades públicas españolas a todas las personas para una formación continua a lo largo de la vida que se adapte a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, debido a la constante evolución de los puestos de trabajo por el cambio tecnológico y la transición hacia una economía del conocimiento.
Es un plan a nivel nacional pero que viene marcado por la estrategia formativa de Europa, que parte de la necesidad de replantear muchas trayectorias formativas. “Hay un gran cambio estructural de los empleos, no sabemos muy bien en el futuro qué trabajos van a estar disponibles, hay carencias también significativas en ciertas formaciones”, por tanto, lo que pide Europa es “que construyamos sistemas educativos más flexibles, más adaptables a las necesidades” y que permitan la formación para el conjunto de la población.
CURSOS DESDE UN CRÉDITO Y ACCESO POR TRAYECTORIA LABORAL
Para ello, se ha apostado por dejar de lado la estructura formativa tradicional de los grados, postgrados y doctorados de las universidades –con un mínimo de cuatro años por carrera y 240 créditos– y ofrecer mecanismos “de corta duración, por lo tanto más flexibles, que no sean tan rígidos”. De este modo, las microcredenciales pueden ser desde un crédito (25 horas) hasta 15 créditos y se está planteando que se puedan acumular hasta construir una credencial de grado superior.
El plan está destinado a la población de 25 a 64 años, independientemente de que cumplan o no los requisitos para entrar a la universidad. Para aquellos que en su momento no pudieron optar a estudiar en la universidad, bien por requisitos académicos, falta de recursos económicos o situación personal, “las universidades podrán acreditar a estas personas por su trayectoria profesional para poder entrar, a pesar de no tener requisitos de Bachillerato, etcétera, que se necesitan normalmente”, ha explicado el ministro.
Con esto se permite reconciliar las capacidades de la población con las nuevas oportunidades de empleo; promover una sociedad del conocimiento; ampliar y democratizar el acceso a la educación superior; y promover la inclusión social. Está pensado entonces para personas –estén o no desempleadas– que en cualquier momento de su vida quieran formarse, y también para empresas que quieran recualificar a sus trabajadores.
PLANES PILOTO 2024-2026
Y para hacerlo posible se aprobó hace unas semanas en Consejo de Ministros una adenda de fondos europeos –que está pendiente de la aprobación definitiva de la Unión Europea– donde se incluye una dotación de 50 millones de euros para las universidades públicas españolas “para poner en marcha planes piloto de microcredenciales que les puedan ayudar a experimentar y avanzar en esa línea”.
Se espera que la aprobación ocurra a final de verano y a partir de ese momento lleguen los 50 millones que el Gobierno repartirá a las comunidades autónomas por criterio de población; por lo que cada región tendrá tres meses de plazo para buscar las mejores fórmulas para que ese dinero llegue a sus universidades. A partir de ahí, las universidades empezarán a ejecutar sus planes desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, dos años y medio.
El ministro de Universidades ha destacado la importancia de que las universidades construyan estas nuevas oportunidades educativas “no de motu proprio, sino con la complicidad y colaboración de las entidades sociales, instituciones y empresas” para facilitar que estos cursos respondan a las demandas sociales y no solo a la voluntad de oferta de las universidades.
De ahí que el ministro se haya reunido tanto con representantes de la CEOE, de Cepime y de las Cámaras de Comercio, como con Crue Universidades Españolas. Precisamente la presidenta de Crue, Eva Alcón, ha destacado esta simbiosis donde las universidades pueden aportar “nuestra experiencia en formación y una formación de calidad”, además de abrir a la formación “esa red que tenemos con diferentes instituciones y sector productivo en la que llevamos trabajando a nivel de investigación”.
“Creemos que es una iniciativa muy necesaria en la que la universidad se pone al servicio de la formación a lo largo de la vida a través de un sistema diferente: los microcredenciales”, ha indicado Alcón, quien ha valorado este sistema como “un magnífico instrumento para lograr la igualdad de oportunidades” en la educación.
FINANCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
Por otro lado, y tras ser cuestionado por los periodistas sobre el refuerzo en la contratación de personal docente que podría ser asumido por las propias universidades, el ministro ha aludido a un problema de infrafinanciación en las universidades públicas españolas, al tiempo que ha destacado el compromiso del Gobierno de mejorarla hasta alcanzar el 1% del PIB antes del 2030, algo que en el Presupuesto del 2024 “deberíamos ver reflejado”
“Pedro Sánchez manifestó su compromiso para mejorar la financiación pública y alcanzar esa cifra, y ahora lo que estamos haciendo es tratando de buscar un sistema de transparencia en el sistema de financiación pública”, para lo que se trabaja en que el sistema de datos de cada comunidad autónoma sean parejos “y nos permitan trabajar de manera comparada y ver cómo funciona el sistema de financiación” en cada región. “En eso estamos trabajando para facilitar el seguimiento del aumento de financiación”, ha dicho.
Sin embargo, ha querido aclarar que la financiación del Estado a las universidades pasa por las comunidades autónomas “y son ellas las que deciden libremente a qué competencias van destinados el conjunto de recursos”.
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