MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, llegará a las pantallas a través de una serie documental de tres capítulos en la que participan algunos de sus protagonistas, como el equipo turco que intervino en la investigación de la tragedia o familiares de los fallecidos.
‘Cajones cerrados. Yak-42’ es un proyecto de Womack Studios dirigido por Jorge Peña que se encuentra en su primera fase de rodaje en Turquía tras un proceso de más de diez años de investigación. “Me han conmovido profundamente sus historias y su heroica lucha para llevar a los responsables de la tragedia ante la justicia”, reconoce el director.
Peña plantea la serie como un homenaje a los fallecidos y una manera de seguir generando debate sobre sus consecuencias, tanto en la polémica que provocaron las incorrectas identificaciones de los cuerpos como la cadena corrupción denunciada después en el proceso de alquiler de los aviones que transportaban a las tropas españolas.
Concebida como una serie de ‘true crime’, contará con los testimonios en exclusiva del equipo técnico especializado turco que estuvo implicado en la investigación del accidente, con protagonistas como el médico forense turco Omer Müslümano y la abogada turca de derechos humanos Belkis Baysal.
También intervendrán en el relato de la tragedia familiares de los fallecidos, políticos o juristas, cuyos testimonios más personales se irán entrelazando con elementos nuevos y otros más conocidos de la historia.
El pasado 26 de mayo se cumplieron 20 años del accidente del Yak-42, la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Los militares fallecidos regresaban a España después de cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán.
Dos décadas después del siniestro, todas las vías judiciales están ya cerradas y también las políticas, después de que el Ministerio de Defensa reconociera en 2017 (14 años después del siniestro) la responsabilidad de la Administración tras un informe del Consejo de Estado que determinaba que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas.
La tragedia tuvo lugar el 26 de mayo en 2003 en Trabzon (Turquía). Se trataba de un avión Yakolev 42, de fabricación rusa y de compañía y tripulación ucraniana, subcontratado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– para el traslado de las tropas españolas.
El siniestro causó una gran conmoción en España, a lo que se sumó después el escándalo generado por las incorrectas identificaciones de los cadáveres. Esto derivó en la condena de tres militares por falsear la atribución de los restos mortales: el general Vicente Navarro (ya fallecido) y el comandante José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, indultados en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este proceso revivió en el año 2018 cuando Turquía informó al Ministerio de Defensa español del hallazgo de una extremidad de una posible víctima del Yak, que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.
Esta extremidad, un fémur, no fue recuperable para su identificación; pero dio lugar a que Turquía informara de que había otros 23 tarros con muestras biológicas que permanecían desde el siniestro aéreo almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul.
Las muestras fueron enviadas a España y la Audiencia Nacional las puso a disposición de las familias de las víctimas para que, si así lo deseaban, las recogiesen y se hicieran cargo de ellas, ya que ya habían sido identificadas correctamente en Turquía.
Con él finalizó también todo el recorrido judicial del accidente, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a instancias de las familias. Sin embargo, la justicia europea avaló el criterio del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional negando la posibilidad legal de reactivar la causa.
Durante todo este proceso los familiares de los fallecidos en el Yak-42 se unieron en torno a una asociación que se disolvió en el año 2017 tras el informe del Consejo de Estado apuntando la responsabilidad de la Administración. También la ministra de Defensa entonces, María Dolores de Cospedal, reconoció ante el Congreso la “responsabilidad patrimonial” de la Administración y dijo que hacerlo era “una obligación moral”.
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