Acaip-UGT advierte del uso de drones para introducir smartphones de gran tamaño en establecimientos penitenciarios
VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)
Funcionarios han intervenido un total de 95 teléfonos móviles en la cárcel valenciana de Picassent durante el año 2022, un 40% más que el ejercicio anterior, cuando sumaron 68, según ha avanzado en un comunicado Acaip-UGT. A nivel nacional esta cifra asciende a 2.733 terminales, lo que supone un incremento del 21% respecto a las incautaciones realizadas en 2021.
Los sindicatos han explicado que los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera.
Desde Acaip UGT han destacado el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos. “Los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico”, han advertido.
Los teléfonos se pueden encontrar en los lugares más insospechados, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.
Al respecto, desde Acaip-UGT han recordado que existen más de 3.000 vacantes de personal penitenciario a nivel nacional, de las cuales 135 corresponden a la prisión de Picassent. “Además, la relación de puestos de trabajo en los centros no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, de esta manera es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios”, han indicado.
USO DE DRONES
La manera en la que estos terminales son introducidos son muy variadas, pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para introducir smartphones de gran tamaño.
“Esto supone una merma importante de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión, donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción”, han dicho.
Desde Acaip-UGT han insistido en la “necesidad” de dotar de medios materiales y humanos suficientes para, por un lado, evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior.
Así, han exigido el correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. “Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”, han señalado.
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