Señala que el error del instructor “no es baladí” y que “parece nítido” que la inclusión “no ha sido correcta”
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha estimado un recurso del exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados y ha decidido revocar el auto de pase a procedimiento abreviado del juez instructor Manuel García Castellón, del pasado 12 de abril, en el que propuso juzgarle junto a otras 20 personas en la pieza 5 del caso ‘Púnica’, referida a presuntas irregularidades en contrataciones de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal atienden así el recurso del exconsejero de la Comunidad de Madrid en el que señalaba que los hechos que se han investigado en la pieza separada 5 se produjeron entre 2010 y 2014, es decir, después de que hubiera dejado la alcaldía de Valdemoro e, incluso, en algunos casos, cuando ya había dejado la política. Y añadía que no se le había preguntado en ningún momento por los hechos de dicha pieza separada.
La Sala recoge en su auto que la Fiscalía Anticorrupción, en su informe sobre el recurso, apoyó la pretensión de Granados al entender que su inclusión en esa pieza separada se debió “al error” de trasladar la información del recurrente de las piezas 4, 8, 10, 11 y 12, en las que sí figura como investigado y es “partícipe nuclear en los hechos de corrupción” allí investigados.
SU INCLUSIÓN NO ES CORRECTA
En su resolución, la Sala subraya que la cuestión no es “baladí” puesto que ya ha tenido que pronunciarse en otro supuesto similar en el que una investigada fue incluida en el auto de procesamiento en una pieza separada en la que no se hallaba investigada.
Fue en marzo cuando la Sala de lo Penal indicó a García Castellón que había incluido el archivo de la investigación para la exconsejera ‘popular’ Lucía Figar en un auto de procesamiento de una línea de investigación en la que no había constado nunca.
“Ante la situación procesal expuesta por el Ministerio Fiscal y en consonancia con la primera de las quejas del recurso, sin perjuicio de lo que en las piezas separadas reseñadas por el Ministerio Público se termine diciendo en relación al ahora recurrente, parece nítido que la inclusión en el auto combatido del señor Granados Lerena no ha sido correcta a tenor de las explicaciones del recurso, abonadas por la Fiscalía”, explica el Tribunal.
LA PIEZA 5 DE ‘PÚNICA’
Según explicaba en su auto de abril el instructor, esta pieza se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, y “ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa”.
En todos los contratos, indicaba, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tiene la referida responsabilidad. “Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso”, apuntaba.
En este caso, prosiguía el juez, se podían distinguir diversos supuestos entre los contratos sujetos a investigación. En uno de ellos, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y además concurría en el procedimiento a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control.
En otros, el empresario influía en los responsables del procedimiento de licitación, y lograba la adjudicación del contrato pese a no concurrir en la misma los presupuestos necesarios.
Por último, se constataba la existencia de contratos en los que el empresario concurría al procedimiento de licitación mediante alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, lograba la adjudicación del contrato a través de la influencia ejercida, y causaba un perjuicio económico injustificado al Consistorio.
En concreto, en Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, aparcamiento, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.
MARJALIZA COMO PUNTO DE PARTIDA
Según recogía el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones.
El magistrado relataba cómo Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación.
Explicaba que su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden, bien a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones durante el proceso de litación.
Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, “prescindiendo de las más elementales normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación”.
El auto también describía los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como “una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas”.
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