MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Más de 500 científicos españoles han firmado un manifiesto en el que subrayan que es urgente acelerar claramente las políticas climáticas que se han puesto en marcha en los últimos años y aprobar otras nuevas para lograr reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Los científicos señalan en el ‘Manifiesto Científico por la Emergencia Climática’ que ese objetivo es “posible” según afirma el Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC) en su último informe. Entre los firmantes figuran más de 40 catedráticos universitarios, ponentes del IPCC que aseguran que a pesar de la emergencia climática, aún hay tiempo para mitigar los efectos de esta siempre que “todas las administraciones” públicas se comprometan a abordarla y alertan de los “peligros” de una acción insuficiente de estas frente al que ya se considera uno de los mayores retos de la historia de la humanidad, por su magnitud y dimensión global.
Los firmantes suscriben que “los gobiernos tienen la mayor capacidad de actuación (…) y condicionan la capacidad de acción de la ciudadanía” y señalan que las medidas políticas acordadas hasta ahora, tanto en legislación española (local, autonómica y nacional) como en el marco internacional y europeo, son insuficientes, pues sólo conseguirían limitar el aumento de temperatura media global hasta 3,2º a finales de siglo.
Advierten asimismo de que esto tendría “consecuencias catastróficas” si se tiene en cuenta que las olas de calor, inundaciones y sequías que vivimos en la actualidad han sido originadas por un aumento de temperatura de 1,1º C.
El manifiesto responsabiliza a las emisiones procedentes de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas de ser la principal causa del cambio climático.
De ese modo, los científicos reclaman reducción de emisiones de CO2 “rotundas y rápidas” y cambiar “por completo” el modelo energético mediante la migración desde fuentes fósiles a fuentes renovables como la fotovoltaica, eólica y geotermia, entre otras.
En este contexto, destacan que la emergencia climática supone también una oportunidad histórica para que las administraciones contribuyan a “mejorar la sociedad, hacerla más justa y sostenible y mejorar la calidad de vida de todas las personas”.
En concreto, propone que las administraciones reduzcan la demanda neta de servicios y energía, electrifiquen todos los usos energéticos, apuesten por las energías renovables y reorganicen las políticas urbanas con menos asfalto y más zonas verdes y fomenten sistemas productivos más sostenibles tal y como indican los informes del IPCC.
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