Tumba a petición de Junts otras propuestas para derogar beneficios económicos de excargos políticos
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlament ha dado luz verde a la tramitación una propuesta de los comuns para revocar “de forma automática” las pensiones y beneficios económicos de expresidentes del Parlament y del Govern que sean condenados por corrupción en sentencia firme.
La Cámara catalana seguirá tramitándola tras rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Junts, que solo ha apoyado este partido; los comuns, PSC, CUP, Vox y Cs han avalado seguir adelante con la reforma, mientras que ERC se ha abstenido.
En cambio, el pleno ha tumbado otras reformas propuestas por PSC y Cs para derogar las pensiones vitalicias de expresidentes del Parlament, las asignaciones que reciben sus familiares y otros beneficios económicos de excargos políticos, contra las que Junts también había presentado una enmienda a la totalidad.
La propuesta de los socialistas ha quedado rechazada porque ERC ha apoyado la enmienda a la totalidad de Junts y la CUP se ha abstenido –Cs, PP, Vox, PSC y comuns habían votado a favor de la tramitación–.
Las iniciativas de Cs, que también planteaban abolir beneficios económicos de exconsellers y del jefe de la oposición, han quedado rechazadas con el voto de Junts, ERC y CUP, la abstención de PSC y comuns y el voto favorable a la tramitación de PP, Cs y Vox.
PSC, Cs y comuns registraron estas iniciativas cuando aún estaba en el aire si la expresidenta del Parlament Laura Borràs solicitaría una pensión cuando dejara el cargo, algo que ella misma descartó después de que se le retirara el acta de diputada siguiendo órdenes de la Junta Electoral Central (JEC).
Durante el trámite parlamentario, los grupos tendrán ocasión de presentar enmiendas para introducir cambios en la propuesta de los comuns, y luego la propuesta volverá al pleno para su votación definitiva.
PSC, CS Y COMUNS
Ferran Pedret ha defendido la propuesta de los socialistas porque, a su juicio, la sociedad no entiende que se establezcan este tipo de pensiones vitalicias: “Han cambiado las circunstancias. Es difícil encontrar entre nosotros trayectorias de vida que se hayan visto gravemente afectadas por la dedicación política, por ejemplo en la clandestinidad y la lucha antifranquista”.
Desde Cs, Carlos Carrizosa ha advertido que “quienes ocupan un cargo público están al servicio de la ciudadanía y la democracia y deben cobrar lo suficiente para poder desempeñar con dignidad su función” pero –ha dicho– cuando acaba su etapa en política no pueden ni deben tener privilegios sobre el resto de la ciudadanía.
David Cid (comuns) ha asegurado que en un contexto de desafección política se necesita un debate que es, según él, inaplazable por el caso Borràs: “Es puro sentido común. Si una persona con condena firme con delitos que tienen ánimo de lucro, ya sea propio o a terceros, en un caso de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación o financiación ilegal de partidos políticos no pueda recibir una prestación con recursos públicos”.
JUNTS CONTRA UNA REFORMA ‘AD HOC’
El diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas ha sostenido que las leyes no deben ser ‘ad hoc’ para personas concretas, en este caso en Laura Borràs, sobre quien ha reiterado que ya renunció a la prestación económica, y ha defendido que es indigno ver a un expresidente o su viuda teniendo que “mendigar” o pedir una pensión no contributiva.
Jordi Orobitg (ERC) ha defendido establecer mecanismos para que los cargos que “quebranten la confianza” de la ciudadanía delinquiendo pierdan las asignaciones económicas, y ha lamentado que no se hayan planteado esas mismas modificaciones respecto a los beneficios económicos de expresidentes del Gobierno y de las Cortes Generales.
Desde la CUP, Carles Riera ha apuntado que estas reformas responden a un caso particular, el de Borràs, aunque ha defendido la necesidad de racionalizar el gasto público y ha recordado que la CUP ha planteado una propuesta para modificar las dietas de los diputados, pendientes de reforma para que tributen: “Respuesta de la Cámara a esta propuesta: silencio o rechazo”, ha lamentado.
Por su parte, Joan Garriga ha asegurado que Vox lleva dos años intentando proponer una iniciativa para derogar privilegios de expresidentes que la Junta de Portavoces les ha impedido llevar al pleno, y ha tachado de “descafeinada” unas propuestas que, a su juicio, no acaban con todos los beneficios de excargos políticos.
“Compartimos el planteamiento general de las cuatro proposiciones de ley”, ha dicho el diputado del PP Daniel Serrano, que ha asegurado que la sociedad percibe estos beneficios como una ostentación sin justificación y ha destacado que su grupo intentó eliminar algunos de ellos con enmiendas durante el debate de los Presupuestos.
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