VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha absuelto a Roberto R.D, el vecino del vallisoletano barrio de Las Flores más conocido por el ‘Pirri’, de los delitos que Fiscalía le imputaba como supuesto conductor de un turismo que en febrero de 2020 chocó con otro que quedó siniestro total y de causar lesiones a uno de los acompañantes que esa madrugada ocupaba el primero de ambos vehículos.
El acusado se enfrentaba a una condena de dos años de cárcel y a la prohibición del derecho a conducir por otros cuatro año por delito contra la seguridad vial y lesiones por imprudencia y a una multa de 6.000 euros por otro delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos, y todo ello junto con la obligación de indemnizar a la persona que, supuestamente le acompañaba, con cantidades que suman casi 12.000 euros por las lesiones sufridas, secuelas y perjuicio estético, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Sin embargo, el juez ha optado finamente por una sentencia absolutoria tras advertir de que “lo esencial para poder imputar al acusado los delitos de conducción temeraria, sin permiso, y lesiones por imprudencia, no es otra cosa que disponer de prueba que permita afirmar con la necesaria certeza que era precisamente quien conducía el vehículo. Y una vez dicho esto, se ha de reconocer que asiste la razón a la letrada de la defensa, Lorena Iglesias, cuando manifiesta que tal prueba no existe”.
Los hechos se produjeron sobre las 04.05 horas del día 23 de febrero de 2020 cuando, como así sostenía el fiscal en su versión no acreditada, según el juzgador, el ‘Pirri’ circulaba conduciendo un Citroën modelo C-3, pese a carecer de permiso de conducir por pérdida de vigencia por pérdida de puntos, a una velocidad superior a la permitida y al llegar al cruce con la c/ Real de Burgos no respetó el semáforo que se hallaba en fase roja y le obligaba a detenerse.
Al continuar su marcha colisionó con un vehículo marca Mercedes que fue declarado siniestro total para, acto seguido, el ‘Pirri’ y otros dos ocupantes huir del lugar dejando malherido a un cuarto viajero, Georgi T.P, de origen búlgaro.
ALEGA QUE IBA DE OCUPANTE
El ‘Pirri’ se entregó a la policía nacional una semana después del accidente tras conocer que estaba siendo buscado como responsable del mismo y en su declaración en su día en sede judicial reconoció que aquella noche había frecuentado distintos bares y que finalmente se subió el Citroën C3 junto a otras tres personas, sin que en momento alguno fuera al volante del mismo. También aseguró que tras el choque huyó del lugar pero sin saber que había quedado malherido uno de sus acompañantes.
El lesionado, Georgi T.P identificó al acusado como la persona que conducía el vehículo el día de los hechos, aunque el juez, en su fundamentación absolutoria, advierte de que “lo hizo durante lafase de investigación policial. En fase de instrucción no ratificó este extremo de forma clara y, en el acto de la vista, declaró expresamente no recordar quien era el conductor el día de los hechos”, de ahí que haya quedado libre de todos los cargos ante la imposibilidad de probar que era el conductor.
Roberto R. D, alias ‘Pirri’, es hermano de José Luis R.D, más conocido como el ‘Pipi’, quienes en enero de 2012 fueron detenidos, junto con otras diecinueve personas, como integrantes de la ‘Banda del Mazo’–origen de la ‘Banda del BMW’– a la que se consideraba responsable de una veintena de robos en bares, colegios y centros sociales de Madrid, Salamanca y Valladolid.
Pero además, ‘Pirri’ fue condenado en julio de 2010 por la Audiencia de Valladolid a una pena de 10,5 años prisión por un incidente protagonizado el 27 de abril de 2008 frente a la discoteca ‘La Rosaleda’, cuando, tras una discusión con personal de seguridad de la sala, efectuó un disparo de escopeta contra otro joven al que previamente había obligado a trasladarle hasta su domicilio para recoger el arma.
En su fallo, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletano consideró al procesado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa (6 años), detención ilegal (2,5 años), tenencia ilícita de armas (1) y amenazas (1), y, junto a los 10,5 años de privación de libertad impuestos, frente a los 13,5 que había pedido el fiscal, la Sala le condenó al pago de indemnizaciones por importe global de 86.892 euros, si bien el condenado fue declarado insolvente.
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