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La Xunta ha llegado a un acuerdo con la educación concertada en el cual se ofrecerá una compensación de hasta 6.000 euros por despido en las aulas suprimidas

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FSIE y USO son los únicos sindicatos que avalan el documento, que incluye una bolsa de recolocación para docentes que se queden sin empleo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

El director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Álvarez, ha firmado este miércoles con las principales asociaciones de centros privados de Galicia (CECE, Escolas Católicas y ACES) y con los sindicatos FSIE y USO un acuerdo para incentivar la recolocación del profesorado en un contexto de bajada de natalidad y del número de matrículas y, como consecuencia, de supresión de aulas y despidos de docentes.

Según fuentes de la negociación consultadas por Europa Press, se trata de un acuerdo que se aplicará ya en el curso 2023/24 y que lleva meses preparándose. El pasado viernes, 9 de junio, se convocó una comisión tripartita –entre la Administración, los sindicatos y la patronal– para presentar el documento final y la firma se ha celebrado este miércoles. Al acto ha asistido el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez.

Uno de los puntos de mayor calado en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que la Xunta compensará a los titulares de los centros que tengan que reducir unidades hasta un máximo de 6.000 euros por cada una que supriman, para hacer frente a las indemnizaciones por despido.

El otro gran pilar del texto es el establecimiento de una “bolsa de recolocación” para aquellos docentes que pierdan su empleo a partir del 31 de agosto de 2023. Será siempre que tuviesen un contrato indefinido –no ampara a los sustitutos– y contemplado en el régimen de pago delegado, con una antigüedad mínima de dos años y con 12 o más horas lectivas a la semana. También incluye a los profesores cooperativistas.

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Este acuerdo de recolocación se aplicará a partir de septiembre en aquellos centros privados concertados gallegos que vean modificado el número de aulas concertadas con la Administración, pero siempre por causas no imputables a las propias empresas titulares de los colegios.

Para entrar en las bolsas de empleo, los titulares de los centros educativos deberán remitir a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta los datos del personal afectado entre los días 1 y 15 de septiembre, aunque debe ser con autorización del propio trabajador.

De hecho, cuando un colegio eche mano de la bolsa, se incrementará el pago del concierto en cinco horas semanales si la persona contratada es a 25 horas lectivas semanales, y en tres si se contrata a más de 12 horas semanales.

Eso sí, acudir a la bolsa solo es obligatorio para centros que reclamen la aportación de 6.000 euros por parte de la Xunta. Para el resto, tal y como recoge el texto con carácter general, es “preferencial”.

“MEJOR” QUE NADA

La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) es la única central, junto con USO, que ha ratificado este acuerdo. Su secretario general en Galicia, Rodolfo Castro, explica a Europa Press que, si bien no es una propuesta “extraordinaria”, sí “es mejor un acuerdo que ofrecerle a los trabajadores que seguir en la nada más absoluta”.

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Castro, en declaraciones a Europa Press, es consciente de que la caída de la natalidad en la Comunidad deriva en una reducción de las unidades concertadas. Por eso, ve “fundamental” que “al menos haya un acuerdo de recolocación con medidas para que la gente no pierda su puesto”.

El representante de FSIE, sindicato mayoritario en la concertada, destaca las mejoras introducidas en el texto, como por ejemplo que ahora podrá denunciar el acuerdo “con una antelación de dos meses” y salirse de él en caso de que observe que no funciona adecuadamente o que “no cumple los objetivos” con los que nació.

Castro destaca también cómo la versión final del documento incluye a los profesores que sean cooperativistas de las sociedades docentes, que los contratos que salgan de la bolsa sean indefinidos y que los docentes recolocados mantengan la materia que imparten. Asimismo, valora que la Xunta se comprometió a “avanzar en negociaciones de mejoras” de las condiciones laborales y salariales.

Días atrás, el resto de sindicatos convocados (CCOO, UGT y CIG) manifestaron su rechazo a la firma porque, a su juicio, “no da garantías a los trabajadores” ni “asegura su recolocación”, al tiempo que “solo beneficia a la patronal” porque supone “el uso de dinero público para subvencionar las indemnizaciones por despido”.

LA PATRONAL LO CELEBRA, PERO ES “UN PARCHE”

Por parte de la patronal, el presidente de la Asociación de Centros de Economía Social de Galicia (ACES), Miguel Filgueira, admite que esta solución es “un pequeño parche” a la problemática que hay ahora en la enseñanza, tanto en la pública como en la concertada, debido a la bajada de la natalidad.

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Aunque su entidad ha firmado el acuerdo, asegura a Europa Press que “se queda corto” y que ACES apuesta también por medidas como jubilaciones anticipadas para el personal y por aprovechar que ahora hay menos niños para “mejorar la calidad de enseñanza” con una bajada de las ratios de alumnos por cada profesor.

En términos similares se pronuncia Belén Rodríguez, asesora jurídica de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Galicia, quien ha coincidido en que “no es el acuerdo” que les hubiese “encantado”, pero “no es un mal acuerdo”.

Por un lado, porque “va a ayudar a los centros” a sobrellevar –con esos 6.000 euros que aporta la Xunta por unidad suprimida– las indemnizaciones por rescisiones de contrato, lo que ayuda a “mantener el empleo” del resto de trabajadores. Por otro, porque también contribuye a recolocar los docentes despedidos.

“¿Lo ideal? Lo ideal sería que no hubiese que despedir a nadie y que el personal se quedase como apoyo educativo”, reconoce Rodríguez, a continuación, puesto que –recuerda– los centros concertados también tienen que implantar figuras como, por ejemplo, el coordinador de bienestar y convivencia.

No en vano, esta portavoz de CECE Galicia destaca y agradece “la voluntad” y la “capacidad negociadora” del director xeral de Centros e Recursos Humanos, para alcanzar este acuerdo que es el primero de estas características desde 2009, hace ya 13 años.


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