MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, destacó este miércoles que los derechos de los niños corren el riesgo de convertirse en “limosna” tras la concreción de los acuerdos postelectorales entre el PP y Vox.
Lo dijo durante el acto de presentación en Madrid de la Estrategia de Infancia y Adolescencia impulsada por su departamento. Belarra aprovechó su intervención para valorar el acuerdo alcanzado ayer por el PP y Vox para gobernar en coalición en la Comunidad Valenciana durante los próximos cuatro años.
La titular de Derechos Sociales dio por hecho que Vox asumirá la cartera de “eso que llaman asuntos sociales”; una máxima a partir de la cual contrapuso la visión de la extrema derecha sobre esta materia con la del Gobierno de coalición conformado por el PSOE y Podemos, que ha estado “toda la legislatura tratando de construir derechos”.
Esto le sirvió para atestiguar que “queremos derechos garantizados; los derechos sociales no son asuntos, no son algo de segunda categoría”.
“Nosotros no queremos limosna para nuestros niños y niñas, para nuestra gente”, abundó.
En ese sentido, aseveró que los menores de edad “son sujetos de pleno derecho, no son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres; son personas en mayúsculas, y, por eso, tienen que tener todos sus derechos garantizados”.
Ione Belarra dejó claro que ahondar en los derechos de la infancia y la adolescencia es “lo más importante que tenemos que afrontar en este país con toda la valentía y toda la fortaleza”.
Defendió que el Gobierno ha hecho “mucho” en esta materia, como lo evidencia el desarrollo del escudo social para paliar los efectos de la crisis socioeconómica provocada por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, la Ley de Vivienda, la Garantía de Infancia Europea, la batería de derechos feministas y la conocida como “Ley Rhodes”.
A pesar de ello, Belarra reconoció que la imposibilidad de sacar adelante la Ley de Familias por el adelanto electoral es la “espinita” que se le queda clavada, puesto que esta norma es “imprescindible” para “apoyar a todas las familias del país”.
La ministra reseñó que la infancia ha de estar en el “frontispicio” de las políticas públicas, con el objetivo de que en 2025 no haya desahucios de familias con menores a cargo sin alternativa habitacional o para reducir a la mitad la brecha de acceso a Internet de los chavales.
A su juicio, la clave para superar o no una situación de vulnerabilidad pasa por las “políticas públicas”, por los “recursos públicos”.
Por esa razón, reivindicó la Estrategia de Infancia y Adolescencia como un rudimento que “dibuja un horizonte” con “pasos concretos” para que los menores tengan garantizados sus derechos y “vivan vidas libres de violencia”.
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