El organismo insta a Cuba a reparar a las víctimas e iniciar una investigación efectiva
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado este lunes que tiene indicios “serios y suficientes” que llevan a concluir que agentes estatales participaron en las muertes de los disidentes políticos Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El CIDH, según su informe, ha resaltado que lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Payá y Cepero murieron en un accidente de tráfico en 2012, que había sido provocado por otro vehículo que embistió el coche en el que viajaban y lo sacó de la carretera, que habría sido ocasionado por los servicios secretos cubanos.
Ángel Carromero, que conducía el vehículo en el que viajaban los opositores, sobrevivió al atentado, fue procesado y condenado. Su testimonio indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, declaraciones que fueron corroboradas por un testigo ocular.
El CIDH ha establecido que el Estado cubano violó los derechos a la justicia y de petición –vulnerando las garantías judiciales–, así como los derechos a la integridad personal, a la vida, honra y libertad de expresión, después de que negara los argumentos de la defensa. El organismo, además, ha identificado “múltiples irregularidades y omisiones en la investigación”, como la falta de pericia o valoración de los supervivientes.
Además, los familiares de Payá no han obtenido acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de las pesquisas realizadas. Mientras que no permitieron a Carromero que apelase la sentencia ni solicitara pruebas, después de ser detenido ilegalmente, siendo amenazado por las autoridades para confesar su supuesta responsabilidad. También fue víctima de tortura y tratos inhumanos.
Con todo, el CIDH ha instado a las autoridades cubanas a cumplir con las recomendaciones del informe, entre las que destaca la reparación material e inmaterial de las víctimas y familiares, e iniciar investigaciones efectivas para esclarecer los hecho, identificar a los responsables, e imponer sanciones.
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