Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante estudian el alcance de la sentencia
ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Unides Podem (UP) en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, ha mostrado su “satisfacción” y la de su formación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que acuerda la anulación de distintos artículos de la Ordenanza de Convivencia Cívica, que en su día recurrieron por “injusta y cruel”.
Así se ha expresado este lunes López en un comunicado, después de conocerse que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la anulación de los artículos 3.2, 22 bis, 26.1, 29.3 y 31.2, que afectan a personas prostituidas, a personas sin hogar que duermen en la calle y a menores de edad.
Esta sentencia, firmada a 26 de mayo de 2023, llega tras el recurso contencioso-administrativo que presentaron en agosto de 2022 los concejales de Unides Podem en el Ayuntamiento, Xavier López y Vanessa Romero. El texto salió adelante en pleno con los votos de PP y CS en el equipo de gobierno, el apoyo de Vox y la oposición de PSPV, Compromís y UP.
Al respecto, López ha celebrado en su cuenta de Twitter que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “deberá modificar la ordenanza de la vergüenza por vulnerar derechos”. En un comunicado, ha tachado la norma de “injusta y cruel” y de “despropósito en todas sus vertientes”, incluida la procedimiental.
En esta línea, ha recalcado que la ordenanza “ha supuesto un infierno desde su aprobación para centenares de vecinos y vecinas con un importante grado de vulnerabilidad social, al someterlos a la persecución legal por el mero hecho de ser pobres”.
REFORMA “INMEDIATA”
“Debe ser ya reformada por orden de los tribunales en sus aspectos más lesivos y exigimos que se haga de manera inmediata”, ha aseverado y ha acusado a Barcala de ser el “responsable de su impulso”.
Por ello, ha instado al primer edil a que “abandone las posiciones ultras que van a llevar al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso judicial, por su mal hacer y por su inquina constante contra los colectivos y entidades”.
Por su parte, el concejal de Compromís Rafa Mas ha afeado en un comunicado que Alicante no tenga programas de ayuda ni subvenciones específicas para ayudar a las personas a salir de la pobreza, sino que exista una ordenanza que “multa a las personas empobrecidas, para espantarles del centro y que se vayan a la periferia para que vivan aún peor”.
“Eso no es luchar contra la pobreza, es esconderla. Le pedimos a Barcala que rectifique todas sus políticas sociales para que Alicante esté al lado de los valores europeos y no vulnerando sistemáticamente los derechos de los más vulnerables”, ha reclamado.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Alicante, fuentes municipales han indicado a Europa Press que, en este momento, los servicios jurídicos del consistorio están estudiando el alcance y los términos de la decisión del TSJCV.
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