MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ya trabajan para homologar el índice catalán de precios del alquiler, que servirá eventualmente para regular los precios gracias a la Ley de Vivienda, y desde el departamento que dirige Raquel Sánchez señalan que “hay que ajustar criterios técnicos para que tenga aplicación efectiva y seguridad jurídica”.
Así lo aseguran a Servimedia fuentes del Ministerio en relación con el índice catalán de precios del alquiler que aprobó el Gobierno autonómico en su Ley de Vivienda de 2020 y que se utilizó hasta que la norma fue tumbada parcialmente por el Tribunal Constitucional.
Según informó la Generalitat el pasado martes, el Gobierno de Pere Aragonès se ha dirigido por carta al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, para reclamar la “homologación” de su índice, ya que considera que está “aprobado, vigente y actualizado”.
Fuentes de la Conselleria de Territori trasladan a Servimedia que, en función de la respuesta, podrían “actuar de una manera o de otra” -en cuanto a posibles modificaciones-, pero insisten en que el índice “está actualizado y se puede utilizar”. Por su parte, desde Transportes aseguran que, “si se homogeneizan criterios se podrá aplicar”, y añaden que se intentará “agilizar” la cuestión “lo máximo posible”.
La norma que salió de las Cortes establece que, con la entrada en vigor del texto, se iniciaría un “proceso específico de colaboración” con las comunidades autónomas que hubieran desarrollado sus propios sistemas de referencia con el objetivo de “asegurar la colaboración entre sistemas, la atención a las especificidades territoriales que deban tenerse en cuenta, así como el establecimiento de plazos para agilizar su aplicación efectiva”.
Asimismo, el pasado martes, dos semanas después de que la norma entrase en vigor, Cataluña se convirtió en la primera comunidad autónoma en iniciar los trámites para declarar zonas tensionadas que le permitirán referenciar los contratos de grandes tenedores y los nuevos contratos de pequeños propietarios a este índice, así como rebajar el número de viviendas para ser considerado gran tenedor.
Esta “fase previa necesaria” deberá “recoger la información que acredite, mediante memoria justificativa, las deficiencias o insuficiencias del mercado de vivienda” en la zona tensionada en cuestión, señaló el gobierno catalán en su comunicado. Desde la Conselleria indican que este primer proceso se completará “en las próximas semanas” porque será “relativamente rápido”, aunque posteriormente dejarán un período para que los ayuntamientos puedan presentar alegaciones.
Durante la negociación, el PSOE cedió ante sus socios parlamentarios y aceptó aplicar el límite de precios no sólo a los contratos de grandes tenedores, como planteaba el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, sino también a los pisos de pequeños propietarios que no hubiesen sido alquilados en los últimos cinco años, si así lo decidían las autoridades autonómicas.
Además, las negociaciones también obligaron al Gobierno a modificar los criterios por los que una comunidad podía declarar una zona tensionada. De tal manera, de las tres condiciones que tenían que cumplirse simultáneamente en el proyecto de ley original, en la norma publicada en el BOE sólo quedaron dos y bastará con que se cumpla una de ellas.
Así, una comunidad autónoma podrá declarar zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien cuando el precio de alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
CATALUÑA PODRÍA SER LA ÚNICA
Después de los resultados en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Cataluña podría ser la única que llegase a aplicar la regulación de los precios del alquiler contemplada en la ley.
Pese a la cercanía de las elecciones generales y la posibilidad de que un nuevo Ejecutivo del PP derogue la legislación que ampara la referencia de los contratos a un índice de precios, gobiernos autonómicos socialistas en Asturias, Castilla-La Mancha o incluso Navarra también podrían iniciar el procedimiento cuando se constituyan.
Asimismo, el País Vasco, donde los socialistas controlan las competencias de Vivienda, podría solicitar la declaración de zonas tensionadas, pese a que el PNV, que encabeza el Gobierno, se opuso a la norma por una teórica invasión de las competencias autonómicas.
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