MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El 99% de las personas con discapacidad conocen productos o dispositivos que funcionan mediante Inteligencia Artificial (IA), pero solo un 12,3% los utilizan.
Son los datos que recoge un estudio elaborado por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicado este jueves, que alerta sobre las nuevas formas de discriminación y de exclusión que la IA puede suponer para estas personas, debido a la falta de accesibilidad, al sobrecoste de estas tecnologías y a los sesgos que permiten establecer.
Publicada este jueves con el título ‘Impacto de la Inteligencia Artificial en los derechos de las personas con discapacidad’, la investigación busca generar conocimiento y cubrir una laguna existente en la literatura científica.
Desde el Real Patronato afirman que constituye “un primer y serio esfuerzo de análisis de las intersecciones entre discapacidad e Inteligencia Artificial con un enfoque de derechos humanos”.
Para la elaboración de este estudio, que contó con la asistencia técnica de Fundación ONCE, se encuestó a 864 personas con discapacidad, que describieron sus experiencias en primera persona. Se buscó una muestra variada y representativa en cuanto a edad, género y tipos de discapacidad. Según sus resultados, si bien el 99,8% conocen productos o gadgets de inteligencia artificial, solo el 12,3% los usa.
BARRERAS
Editado por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID), el estudio identifica como barreras la falta de accesibilidad de estos productos, el sobrecoste añadido para las personas con discapacidad y la complejidad de las instrucciones y los menús de estas tecnologías.
Esta investigación parte de la premisa de que la Inteligencia Artificial “tiene el potencial de hacer la vida más fácil y mejor a todas las personas”, pero se pregunta si esto incluye a las personas con discapacidad.
Indica que la IA aprende mediante algoritmos en base a grandes cantidades de datos, por lo que si en estos datos no hay ejemplos positivos de las personas con discapacidad “tenderá a subrepresentarla, a ignorarla y, por tanto, a discriminarla”.
Para el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, “la Inteligencia Artificial suscita importantes cuestiones éticas en relación con la naturaleza, la inocuidad y la idoneidad de esas tecnologías, así como sus repercusiones en la vida de las personas con discapacidad. Por eso era necesario impulsar este estudio, porque la Administración pública debe estar vigilante para que, en este caso, la inteligencia artificial, no se nutra del capacitismo y vuelva a repetir los patrones de opresión y de exclusión”, señaló Martín.
DISCRIMINACIÓN
En el caso de las personas con discapacidad desempleadas o en búsqueda activa de empleo, las plataformas de ofertas de empleo en base a Inteligencia Artificial constituyen una especial preocupación en cuanto a su inaccesibilidad y dificultad de uso.
Según este trabajo, los avances conseguidos en este ámbito “pueden caer en saco roto si se afianza la tendencia actual de uso de sistemas de IA para llevar adelante los procesos de contratación de las grandes y medianas empresas”.
En concreto, el estudio se refiere a que si bien la discapacidad se considera información personal, los sistemas actuales pueden detectar cuando el candidato o candidata tiene, ha tenido, o puede tener una discapacidad. Si las empresas no tienen obligación de revelar cómo se ha diseñado, “esta funcionalidad pone en jaque al sistema legal de antidiscriminación laboral”.
Existen ya numerosas aplicaciones en el mercado basadas en inteligencia artificial que “mediante datos biométricos (reconocimiento facial, pulseras de lectura de signos vitales) combinados con datos personales (historia clínica), preferencias (actividad en redes sociales) y rastros de información (ingresos en centros de salud), permiten predecir y advertir a una persona con esquizofrenia cuando se aproxima a un brote psicótico”, se explica en el tercer capítulo. Las tecnologías basadas en IA también están dirigidas a personas autistas, “con la promesa de enseñarles a actuar de manera más neurotípica”.
En teoría, aclaran las responsables del estudio, “nada impediría que este tipo de funcionalidades sea implementado por empresas, instituciones públicas, centros educativos, asociaciones civiles, para cribar y prevenir el ingreso de personas con discapacidad psicosocial”, por ejemplo.
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