BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha asegurado este viernes que es “absolutamente posible” que gobiernos y Parlamento Europeo logren un acuerdo que permita reformar plenamente la política migratoria y de asilo en la UE antes de las elecciones europeas de junio de 2024, toda vez que los Veintisiete desbloquearon el jueves uno de los dosieres clave del Pacto migratorio y que las capitales frenaban desde hace años por las divergencias entre ellas.
“Ha estado bloqueado en el Consejo (de la UE) desde 2016, ahora tenemos una posición muy sólida de la mayoría (de países) y no está tan lejos de lo que propuso la Comisión Europea”, ha valorado Johansson a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Interior y Justicia de la UE que se celebra en Luxemburgo.
Por ello, la socialista sueca ha confiado en que antes de que acabe este mes arranquen las negociaciones entre los 27 y los eurodiputados sobre las reglas para el control y procesamiento de los demandantes de asilo que llegan irregularmente a la UE, lo que deja sólo dos elementos más del pacto, entre ellos un mecanismo para crisis migratorias, pendientes de fijar posiciones en el Consejo para el semestre de la presidencia española.
Con este calendario, Johansson ve “absolutamente posible” que los negociadores de Consejo y Eurocámara aprovechen el “momento histórico” que supone el deshielo de las posiciones y puedan lograr antes de que acabe la actual legislatura parlamentaria un acuerdo sobre el conjunto del Pacto de Migración y Asilo.
La reforma está pendiente desde la llamada ‘crisis de los refugiados’ de 2015, cuando la llegada de miles de migrantes irregulares a las costas de Italia y Grecia colapsó los sistemas de estos dos países, y se apoya fundamentalmente en reforzar la frontera exterior, promover las relaciones con países terceros para agilizar las deportaciones y un “equilibro entre responsabilidad y solidaridad flexible” para la acogida de migrantes.
Es precisamente ese mecanismo de “solidaridad flexible”, que obliga a los Estados miembro a asumir parte de la carga de la acogida de demandantes de asilo y migrantes de uno o varios socios cuándo estos se vean incapaces de gestionar llegadas masivas, uno de los elementos que más complican el Pacto.
Los 27 fijaron el jueves tras años de negociación su posición al respecto, con los únicos votos en contra de Hungría y Polonia, y establecieron que el mecanismo se activará para responder a países “en alto riesgo”. Los ministros acordaron un umbral mínimo de 30.000 migrantes anuales para su activación y, en el marco de la solidaridad ‘a la carta’ que permitirá al país que no quiera acoger la cuota de personas que le corresponda compensarlo con el pago de 20.000 euros por migrante no reubicado que le corresponda u ofrecer material necesario por valor equivalente.
En este marco, Johansson ha considerado que el que dos países votaran en contra forma parte de la normalidad de los procesos en el seno del Consejo de la UE, pero ha advertido de que una vez alcanzado el acuerdo y el Pacto adoptado, todos los Estados miembro deberán cumplir las normas.
También ha puesto en valor que el nuevo sistema permitirá procesar de manera más ágil las llegadas irregulares en frontera, en lugar de bajo los procedimientos ordinarios, lo que a su juicio ayudará a tomar “decisiones más rápidas” respecto a si un migrante tiene derecho a protección internacional o debe ser deportado y evitar así que queden “en un limbo durante largo tiempo”.
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