MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para conocer qué medidas de protección se están aplicando con una menor de edad que denunció haber sido agredida sexualmente en el instituto público de Madrid Herrera Oria.
La institución se ha dirigido a la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid con el fin de conocer las medidas de prevención que ha adoptado el centro educativo en el marco del protocolo de acoso escolar; los apoyos educativos que se hayan facilitado y las pautas correctivas que se hayan adoptado o vayan a adoptarse.
El Defensor del Pueblo ha iniciado esta actuación de oficio tras tener conocimiento, por diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, de que una menor de 13 años había sido agredida sexualmente, presuntamente, por dos menores en los baños de un instituto público de Madrid, sufriendo desde entonces graves secuelas psicológicas.
Este jueves, fuentes policiales confirmaron a Europa Press que la Policía Nacional está investigando el caso. Según la denuncia, los hechos ocurrieron supuestamente hace unos meses en un cuarto de baño del centro educativo, cuando dos compañeros de clase de Secundaria, de su misma edad, tendieron una trampa a la adolescente y la encerraron en uno de los cuartos, procediendo a quitarle la ropa y a agredirla sexualmente.
Los familiares de la víctima también aseguran que sufría acoso escolar y ciberbullying por parte de esos dos supuestos agresores, que le provocaron problemas físicos y psicológicos, además de intentos de suicidio. Por ello, la niña tuvo que ser ingresada más de un mes y recibir ayuda profesional.
Según fuentes de la Consejería de Educación consultadas por Europa Press, el centro educativo abrió un protocolo, que se mantiene abierto. En cambio, la familia de la víctima critica la “pasividad” del centro.
Asimismo, las autoridades educativas han ofrecido un cambio de centro para el presente curso escolar. También se le ha informado de la posibilidad de acogerse al Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED), dada la imposibilidad de la alumna a la hora de acudir a clase. Este servicio fue rechazado, indican las mismas fuentes.
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