Mantienen la huelga indefinida y anuncian asambleas para consensuar nuevas movilizaciones
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Los funcionarios de Justicia que se encontraban encerrados en la sede del Ministerio desde el pasado martes han anunciado este viernes que abandonarán a partir de las 17.00 horas el edificio público al tiempo que han avisado al Gobierno que “el conflicto continúa”.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el comité de huelga –integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT– han anunciado que la decisión de poner fin al encierro ha sido tomada por unanimidad.
En esta línea, indican que, “manteniendo la convocatoria de huelga indefinida, en los primeros días de la próxima semana” celebrarán asambleas en los centros de trabajo de toda España “para aunarfuerzas del colectivo y trasladar la propuesta conjunta de movilizaciones que, durante el fin de semana las cuatro organizaciones sindicales convocantes de la huelga” adoptarán y someterán al criterio y decisión de los trabajadores.
“No han tenido nunca ninguna intención de negociar las justas y razonables reivindicaciones de los/as trabajadores/as, y en cambio, se han colocado siempre confrontando con quien representa la base social en la Administración de Justicia, mientras aceptaban y consolidaban las demandas de las élites judiciales”, han criticado los sindicatos.
En este contexto, explican que “ésta situación, precedida de décadas de falta de reconocimiento profesional en una Administraciónsaturada, falta de medios personales y materiales en la que se ha estado ninguneando el trabajo y los derechos de los trabajadores, ha sido el detonante de una fuerte movilización que no tiene marcha atrás”.
“Si el Ministerio de Justicia en la reunión del pasado día 6 de junio buscaba su interés, explícitamente expresado, de que durante la campaña electoral hubiera ‘sosiego’, es decir, que el personal de Justicia aparcara sus protestas, se ha equivocado de plano”, advierten.
Al contrario, añaden, los trabajadores “van a estar más unidos y más firmes que nunca en el objetivo de no admitir ya, más discriminación, más clasismo, ni que se siga sin reconocer profesional y retributivamente su trabajo y sus funciones”.
NEGOCIACIÓN FRUSTRADA
El pasado martes, las negociaciones se vieron frustradas por tercera vez –ya habían sido infructuosas en otras dos ocasiones en abril– después de que el Ministerio rechazara plantear una oferta económica para responder a la petición de subida de hasta 430 euros brutos al mes que reclaman los funcionarios.
Aunque el comité de huelga presentó una contraoferta el mismo martes en la que reiteraba sus peticiones, finalmente Justicia optó por comprometerse a seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio. Los funcionarios consideraron que la propuesta era “absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga”.
En un comunicado emitido aquella misma noche, los sindicatos afearon al secretario de Estado de Justicia que hubiese “abandonado de forma abrupta” la mesa de negociación, “negándose a negociar las propuestas sindicales”.
Este jueves, en un nuevo comunicado, el comité de huelga aseguró que Justicia les había comunicado que no tenía “intención de negociar”. Fuentes ministeriales han insistido a Europa Press que desde el equipo de Llop se mantiene abierta la negociación y el ambiente de diálogo y han recalcado que fueron los sindicatos los que rechazaron la propuesta del Ministerio de firmar un “compromiso” de “retomar” las conversaciones “una vez constituidos los nuevos gobiernos central y autonómicos”.
Los sindicatos solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los LAJ y con jueces y fiscales. En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios.
Además, el comité de huelga solicitaba que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio quería “imponer, sin negociar”, poniendo “en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas”. Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, dicha ley ha quedado paralizada con la disolución de las Cortes Generales.
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