Decenas de funcionarios han intentado llevar comida a los miembros del comité de huelga que permanecen en el Ministerio
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Dos días de encierro en el Ministerio de Justicia han agudizado la huelga de funcionarios que cumple ya ocho semanas en busca de una subida salarial de hasta 430 euros brutos al mes, toda vez que el martes por la noche terminó sin acuerdo la tercera reunión para negociar una salida al conflicto laboral que empezó con paros parciales el 17 de abril y se encrudeció el 22 de mayo con paros totales.
Al grito de “dad de comer al comité de huelga” y sujetando bolsas de comida, decenas de funcionarios se han acercado a la sede de Justicia en el número 21 de la madrileña calle de San Bernardo para intentar hacer llegar comida a los representantes sindicales que permanecen en el Ministerio desde el martes para reclamar una subida en línea con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales.
Los sindicatos que integran el comité de huelga –CSIF, STAJ, CCOO y UGT– han denunciado este jueves que el equipo de Llop “prohíbe a cualquier persona introducir alimentos a los miembros del comité” que siguen “encerrados”. Según han defendido los funcionarios en un comunicado, “la actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas solo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan”.
Fuentes ministeriales han precisado a Europa Press que se ha limitado el acceso de víveres “por cuestiones de seguridad”. Las mismas fuentes han asegurado, además, que después de la concentración de este jueves frente al Ministerio un grupo de manifestantes ha intentado “acceder por la fuerza” al edificio de Justicia en el que se encuentran los líderes sindicales, pero la acción ha sido frustrada por agentes de la Policía Nacional y vigilantes del equipo de seguridad de la sede.
Miembros del comité de huelga que permanecen en el Ministerio han asegurado a esta agencia de noticias que este jueves no han recibido comida del exterior, pero que aún contaban con “algún sobrante de ayer”.
FUNCIONARIOS AUMENTAN EL PULSO A JUSTICIA
Las tensiones aumentan en la calle San Bernardo con manifestaciones diarias autorizadas con antelación al “encierro” del comité de huelga. Grupos de funcionarios de la Administración de Justicia se han acercado a la zona aledaña a la sede del Ministerio incluso en los horarios ajenos a la convocatoria de concentración, que suele tener lugar a las 12.00 horas.
Mañana viernes, sin embargo, está previsto que los manifestantes se congreguen en la sede del PSOE, donde ya han estado en ocasiones anteriores para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interceda en la negociación y nombre a un “interlocutor válido” que sustituya al secretario de Estado de Justicia en las conversaciones con los funcionarios.
En su comunicado, los sindicatos han aseverado que, tras dos días de encierro, “la postura del Ministerio es la de desgastar al comité de huelga como ha intentado hacer con los funcionarios” que mantienen en parón en juzgados y tribunales desde hace ya ocho semanas.
El escenario ha cambiado respecto a ayer miércoles por la mañana, cuando varios funcionarios se acercaron al Ministerio tras 12 horas de encierro y lograron entregar a los miembros del comité de huelga ropa, comida y algunos medicamentos.
Al mediodía de ayer, tras la manifestación correspondiente en la otra sede que tiene Justicia en la calle San Bernardo, el presidente nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, avisaba de que el comité de huelga continuaba encerrado y seguiría así hasta que el Gobierno presente otro “interlocutor válido” que sustituyese al secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, en la negociación.
“Es el presidente del Gobierno el que tiene que coger la batuta en este conflicto y nombrar a interlocutores válidos” porque los de ayer ya no les “valen”, decían Jordán.
NEGOCIACIÓN FRUSTRADA
El pasado martes, las negociaciones se vieron frustradas por tercera vez –ya habían sido infructuosas en otras dos ocasiones en abril– después de que el Ministerio rechazara plantear una oferta económica para responder a la petición de subida de hasta 430 euros brutos al mes que reclaman los funcionarios.
Aunque el comité de huelga presentó una contraoferta el mismo martes en la que reiteraba sus peticiones, finalmente Justicia optó por comprometerse a seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio. Los funcionarios consideraron que la propuesta era “absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga”.
En un comunicado emitido aquella misma noche, los sindicatos afearon al secretario de Estado de Justicia que hubiese “abandonado de forma abrupta” la mesa de negociación, “negándose a negociar las propuestas sindicales”.
Este jueves, en un nuevo comunicado, el comité de huelga aseguró que Justicia les había comunicado que no tenía “intención de negociar”. Fuentes ministeriales han insistido a Europa Press que desde el equipo de Llop se mantiene abierta la negociación y el ambiente de diálogo y han recalcado que fueron los sindicatos los que rechazaron la propuesta del Ministerio de firmar un “compromiso” de “retomar” las conversaciones “una vez constituidos los nuevos gobiernos central y autonómicos”.
Los sindicatos solicitan una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, en línea con la pactada con los LAJ y con jueces y fiscales. En cifras absolutas los incrementos se traducen en 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera judicial y fiscal y en 22,7 millones de euros para los LAJ. Ambos importes se quedan por debajo de los 200 millones de euros que exigen los funcionarios.
Además, el comité de huelga solicitaba que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio quería “imponer, sin negociar”, poniendo “en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas”. Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, dicha ley ha quedado paralizada con la disolución de las Cortes Generales.
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