VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha augurado este miércoles que el Reino de España puede ser multado por la Unión Europea y que puede haber pérdidas de las ayudas de la PAC por los “incumplimientos” de la Junta de Castilla y León en los programas sanitarios tras la “errática” la Resolución del 10 de mayo publicada el día 15 que, según ha reprochado este colectivo, no fue revisada por ningún técnico veterinario ni consultada con los directores de campaña de saneamiento ganadero.
A esto añaden que esa Resolución de la Consejería de Agricultura, que fue contestada con una “orden sin precedentes” del Ministerio de Agricultura a instancias de Europa “para proteger sin demora la salud pública y animal de la UE” con el resultado final de la suspensión cautelar por el TSJCyL, tampoco pasó el trámite ni el control interno de la Asesoría Jurídica de la Junta ya que, de lo contrario, “sería incomprensible” que se hubiese publicado en el Bocyl.
“Se veía venir”, ha lamentado el presidente de SIVECAL, Manuel Martínez, quien, tras exigir la dimisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, y del resto de su equipo “por incompetencia”, en su detrimento, su cese por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado a la Junta que haya dado “la callada por respuesta” a todas las advertencias que realizaron los veterinarios respecto a la “laxitud” y a las “irregularidades” del Gobierno autonómico en el cumplimiento de la normativa europea que se han “saltado a la torera” y “de manera unilateral”.
El presidente de SIVECAL-USCAL ha cifrado además en 3,8 millones de euros el “impacto económico” y “los daños impresionantes” que ha supuesto para el sector ganadero de Castilla y León la limitación del movimiento de ganado bovino en gran parte de la Comunidad –quedaron fuera las provincias de Burgos, León y Valladolid, por ser territorios libres de tuberculosis, a lo que aspiran otras provincias– y ha ironizado también sobre que el Ministerio de Luis Planas haya tenido la “deferencia” de informar sobre la Orden una vez pasadas las elecciones del 28 de mayo –se comunicó el lunes 29–.
Martínez se ha referido en concreto a los “devaneos políticos por cuestiones de veleidad” por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en cuyo equipo de dirección no hay “ni un sólo técnico sanitario, ni un sólo veterinario”, según ha reprochado desde el convencimiento de que si este departamento se hubiese fiado de los criterios técnicos y científicos y no sólo políticos la Comunidad “no estaría en esta situación”.
INFORME “DEMOLEDOR” DE LOS FUNCIONARIOS
El presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León ha acusado a Agricultura de “imponer cualquier actuación contra la normativa vigente”, lo que motivó un informe “demoledor” firmado por los directores de las campañas de saneamiento de las nueve provincias sobre el que se ha basado la propia Abogacía del Estado en el recurso contencioso-administrativo contra la resolución autonómica.
“La primera vez que la ven, la ven en el Boletín y la examinan de una forma objetiva e independiente, como corresponde a los empleados públicos que son, y hacen un informe demoledor, que todos habéis visto y conocido, sobre esta resolución”, ha relatado en su análisis de todo lo sucedido en Castilla y León desde el pasado 15 de mayo cuando se publicó la Resolución de la Junta.
En este punto, ha reivindicado especialmente la actuación de los funcionarios públicos en “su deber profesional” al advertir de las consecuencias de la aplicación de la Resolución de la Junta que, según ha recordado Martínez, modificaba otra norma de 2021 en la que “ya se habían explorado todas las posibilidades existentes” para mejorar la situación en la lucha contra la tuberculosis bovina en la que reconoce que siempre hay “margen de mejora” pero “desde el diálogo” y de la mano de los técnicos y de los científicos.
Martínez se ha referido también a la “difícil e indescriptible” situación por la que están pasando tanto los funcionarios de los servicios territoriales como los profesionales de las unidades veterinarias. “No me querría ver en su situación”, ha admitido el presidente de SIVECAL-USCAL que ha “condenado enérgicamente” cualquier acción violenta por parte de unos ganaderos y de un grupo “que no se sabe muy bien quién anda detrás”.
Manuel Martínez ha garantizado que los veterinarios van a estar “siempre” al lado del sector ganadero, a los que ha pedido tratar “con asboluto mimo, cariño” y para los que ha reclamado “todos los apoyos económicas y de medidas necesarios”.
“Todo tiene margen de mejora y, por supuesto, en los puntos en los que tengan razón, pues hay que dársela sin lugar a dudas, estamos encantados además de mejorar su situación en todos los ámbitos”, ha aseverado al respecto el presidente del sindicato de veterinarios que ha considerado no obstante, que el problema se ha visto agravado por la sequía, por las guerras, por los conflictos, por las subidas de las materias primas y por las bajas rentabilidades de las producciones.
“Está claro que en el fondo del asunto también subyace, si hubiera una abundancia económica en todos los aspectos, pues sería irrelevante que se sacrificaran uno o dos animales o los animales que fueran necesarios, como no es así, pues una cosa incide sobre la otra”, ha sentenciado.
Por todo ello, la Junta Directiva de SIVECAL ha acordado este miércoles “defender a ultranza” el derecho de cualquier ciudadano o grupo a manifestarse para proteger sus intereses “por los cauces legales establecidos” y “condenar enérgicamente cualquier acción violenta, como la ejercida por un reducido grupo de ganaderos el pasado lunes ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca”.
En este punto, han recordado que en Castilla y León hay 36.000 explotaciones ganaderas que emplean a más de 70.000 trabajadores y han aclarado que en esa protesta había unas 500 personas y que no todas participaron en el conflicto.
Este sindicato se ha mostrado dispuestos a ejercer la defensa jurídica “de los funcionarios que están siendo violentados por el simple hecho de ejercer su deber profesional y por salvaguardar las potestades administrativas desde un plano absolutamente técnico y científico” y ha acordado estudiar su defensa jurídica de los funcionarios, junto a la denuncia a la Inspección General de Servicios “por las negligentes actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura”.
“Resulta especialmente sangrante que nadie de la Consejería haya salido a defender públicamente la impecable actuación de sus empleados públicos”, han lamentado.
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